Solo, menor de edad y en la calle: la situación de un africano en España que pone en alerta a la ONU

A pesar de contar con documentación que muestra que no tiene 18 años, la Fiscalía lo ha declarado adulto y un juez le ha denegado en ingreso en un centro de acogida.

Un juzgado de Madrid ha denegado el reingreso en un centro de protección de menores para el niño de 14 años procedente de Gambia que se encuentra solo en las calles de la capital española después de que la Fiscalía decretara su mayoría de edad a pesar de portar un pasaporte que acredita su edad.

Según fuentes jurídicas consultadas por EFE y recogidas por Televisión Española, el juzgado ha rechazado las medidas cautelares que pedía la abogada del niño para que se suspendiese el cese de la tutela de la Comunidad de Madrid, es decir, para que el Gobierno regional volviese a activar su protección.

En auto, con fecha del miércoles 14 de febrero, el magistrado solicitó a la administración que si se demuestra que es mayor de edad, siguiendo el criterio de la Fiscalía, se activen los mecanismos habilitados para que le asistan los Servicios Sociales; mientras que si se determina su minoría de edad, la administración puede revocar su propia decisión y el juzgado no tendría que intervenir.

Intervención de la ONU

La situación de este niño ha motivado incluso la intervención de la ONU, que a través de su Comité de Derechos del Niño solicitó a España que «de manera urgente» para prevenir daños irreparables asistiera al menor mientras se termina de dilucidar su edad.

Según informó el Consejo General de la Abogacía Española, órgano representativo, coordinador y ejecutivo superior de los 83 Colegios de Abogados de España, la Fundación Raíces solicitó el 8 de febrero a la ONU su intervención y obtuvo respuesta 6 días después.

El Comité de Derechos del Niño acordó las medidas cautelares solicitadas y pidió al Estado español que adopte medidas provisionales para transferir al pequeño a un centro de protección de menores mientras el caso se encuentre pendiente de examen ante el Comité, que no ha entrado a valorar el fondo del asunto.

Además, el Comité recuerda a España que los Estados parte tienen la obligación internacional de respetar las medidas provisionales que solicite Naciones Unidas, que previenen la producción de un daño irreparable.

Un duro periplo

El menor, nacido en Gambia, llegó sin el acompañamiento de ningún adulto en una patera a las Islas Canarias en agosto de 2023. Allí, a pesar de llevar consigo fotografías de su pasaporte, donde constaba que tenía por aquel entonces tan solo 13 años, fue tratado como un adulto, situación que ha desembocado en el abandono que sufre a día de hoy.

Desde Las Palmas de Gran Canaria fue trasladado a la isla de Tenerife y posteriormente a la Península. Estuvo en las ciudades de Granada y de Barcelona en el marco del sistema estatal de acogida. Sin embargo, superado el tiempo máximo de estancia en la red de atención humanitaria para migrantes adultos, fue enviado a Madrid, donde quedó en situación de calle en octubre de 2023.

A partir de entonces estuvo alojándose en distintos espacios para personas sin hogar, que solo permiten la pernoctación, vagando durante el día y comiendo en comedores sociales.

La Fundación Raíces, dedicada a la asistencia social de niños, adolescentes y jóvenes, trató sin éxito de que la Comunidad de Madrid ingresara al menor en el sistema de protección regional.

Para entonces, el menor ya había recibido su documentación, que comenzó a tramitar en Gambia, pero que se expidió cuando ya se encontraba en España, a finales de 2023. Según su pasaporte original, validado por la Embajada de Gambia, el niño, identificado como A.A. nació el 9 de diciembre de 2009 en la localidad de Fajikunda del país africano, según comprobó eldiario.es.

Tras la constatación de su minoría de edad, Fundación Raíces consiguió el ingreso en un centro de menores, aunque A.A. siguió sin escolarizar, a pesar de ser obligatorio en España a su edad.

Aunque contaba con pasaporte, la Fiscalía solicitó al menor someterse a pruebas médicas para determinar su edad. A.A. se negó y el Ministerio Público pidió un informe pericial a la Policía, que concluyó que no existían indicios de falsedad del pasaporte.

A pesar de ello, el fiscal decretó la mayoría de edad por albergar dudas sobre la fiabilidad de los datos que constaban en la documentación oficial.

La consecuencia fue que la Comunidad de Madrid dictó el cese de la protección del chico que, junto con la falta de plazas para personas adultas sin hogar, desembocó en que el menor fuese expulsado a la calle el 12 de febrero, hace cinco días.

El procedimiento de determinación de edad bajo lupa

Según relata el Consejo General de la Abogacía Española, Naciones Unidas ya ha dictado 14 dictámenes a favor de 14 menores de edad por considerar que el procedimiento de determinación de la edad en España no ofrece las garantías necesarias para proteger los derechos de la infancia.

Además, sostiene que España ha violado numerosos artículos al no priorizar el interés superior del menor, no considerar los documentos de identidad oficiales, someterlos a pruebas médicas a pesar de estar documentados, o declararlos mayores de edad por no acceder a someterse a esas pruebas.

Además, el Estado español ya ha sido condenado por el Comité de Derechos del Niño al incumplir las medidas provisionales decretadas por Naciones Unidas en estas cuestiones

«Es necesario un compromiso global para garantizar los derechos de los niños y niñas, poniéndoles siempre en el centro de nuestras políticas. Urge», afirmó la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega.