Camille Rio, un sacerdote católico francés, que fue miembro de la orden de las Misiones Extranjeras, evalúa el reporte publicado en noviembre de 2024.
¿Por qué la investigación se limitó a 350 de los mil 491 sacerdotes activos en las Misiones Extranjeras durante el periodo considerado?
La homofobia, más entre los sacerdotes jóvenes, no debe subestimarse; es un factor que explica la violencia sexual en las Misiones Extranjeras.
Por Camille Rio*
A pesar de la amplia cobertura mediática del informe de las Misiones Extranjeras sobre los abusos sexuales en sus filas, ha tenido poco impacto en la opinión pública, tanto en la sociedad como en la Iglesia Católica de Francia, y más significativamente en la orden religiosa de las Misiones Extranjeras.
Una razón podría ser que acontecimientos recientes, desde la reapertura de la catedral de Notre Dame hasta el viaje del papa Francisco a Córcega, dificultan la lectura del informe.
Sin embargo, una lectura atenta del informe plantea preguntas fundamentales sobre la investigación en sí, sus patrocinadores, así como también su método y los hechos de los que da cuenta.
El reporte completo en inglés está disponible aquí en el sitio web de la orden de las Misiones Extranjeras y aquí en Scribd. Aquí en francés en el sitio de la orden y aquí en Scribd.
Origen de la investigación
En varias entrevistas posteriores a los varios casos que han sacudido a la orden durante los últimos dos años, el actual superior general dijo haber recurrido a una firma externa para investigar los casos de violencia sexual en el seno de la orden.
Supuestamente, lo hizo en virtud de un mandato formal otorgado por la asamblea general de la orden de 2022, que ocurre cada seis años. Sin embargo, en las diez líneas que mencionan estos temas en las actas de la asamblea general, los delegados sólo expresaron su deseo de “pedir la memoria de los colegas” sobre el tema. Por ello, es falso pretender que esta asamblea haya dado un mandato para llevar el asunto a una firma externa. El informe también niega la existencia de este mandato (p. 7).
La historia de cómo la orden contrató a la consultora GCPS también plantea interrogantes: si la decisión de recurrir a los servicios de la consultora GCPS se habría tomado en febrero de 2023, el anuncio público ocurrió el 2 de mayo de 2023 (entrevista con el padre Vincent Sénéchal en el semanario Famille Chrétienne), apenas unas semanas después del arresto del padre Aymeric de Salvert (5 de abril de 2023).
La consultora GCPS y los líderes de la orden lanzaron formalmente la investigación el 11 y 12 de mayo de 2023, pero no comenzará realmente hasta septiembre de ese año, lo que sugiere una cierta prisa en cerrar el contrato con GCPS, por el hecho de que De Salvert ya estaba bajo arresto y por las diversas investigaciones periodísticas que debían concluirse unas semanas después.
Esta prisa sería menos el resultado de un compromiso voluntario por parte de la dirección de las Misiones Extranjeras que de una estrategia de comunicación y una apresurada política de control de daños.
La cuestión del mandato, en una orden religiosa, plantea interrogantes, en especial sobre el costo de una investigación de este tipo, que sólo era conocido por los dirigentes de la orden. Dicha dirección se negó a dar cuenta de ese costo ante los colegas reunidos para presentar la investigación en noviembre de 2024.
Es lamentable ocultar esta información al resto de la orden, ya que la inversión financiera para una investigación de esta escala también revela las razones detrás de la estrategia de sus patrocinadores.
Además, uno puede calcular los costos: tres, cuatro o cinco (?) consultores expertos pagados por una tarifa diaria, durante quince meses, además de gastos de viaje, servicios de traducción, etc. El costo es evidentemente muy elevado. Además, hay que preguntar por la costosa investigación de archivos de los casos contemporáneos ya conocidos por los dirigentes de las Misiones Extranjeras.
También sería apropiado cuestionar las sumas invertidas durante los dos últimos años en relación con estos asuntos: expertos legales, abogados, empresa de gestión de crisis, etc., que, que yo sepa, nunca han sido objeto de debate en los distintos órganos de las Misiones Extranjeras ni de algún informe a sus miembros.
Por último, es necesario señalar que, en materia de auditoría, ha habido muchos precedentes desde 2016. Los anteriores dirigentes de la orden solicitaron numerosas auditorías en materia de finanzas, seguridad, derecho laboral, además de temas penales y criminales a firmas como (KPMG, KAOLIN, DELSOL, y Maître Pujos, entre otras. Se citan como ejemplos de cómo la dirigencia de la orden ha usado en el pasado reciente costosas auditorías sin lograr algún objetivo significativo.
Se teme, a la luz del desastroso balance de los últimos diez años resaltado por este último informe, que los dirigentes de la orden hayan usado las auditorías previas (también costosas) más para efectos mediáticos y para protegerse jurídicamente ellos mismos que para avanzar realmente en materia de protección.
Difusión del informe
Si bien el informe fue difundido por las cuentas de la orden en Facebook y lo que solía ser Twitter, y fue objeto de noticias en su sitio web, es sorprendente que su publicación no haya sido difundida por la agencia de prensa de la orden, Adextra (antiguamente llamada Églises d’ Asie).
Algo similar puede decirse de las redes de voluntarios vinculados a la orden, y también en las redes de comunicación de la Iglesia Católica en general en los países de Asia y del océano Índico con diócesis todavía controladas por la orden de las Misiones Extranjeras, como en el caso de Port-Bergé, en Madagascar, y el vicariato apostólico de Phnom Penh, en Camboya.
Georges Varkey Puthiyakulangara, nacido en Endoor (India) en 1953, es obispo de Port-Bergé (Madagascar), donde fue primero coadjutor en 2008 y después obispo de pleno derecho en 2013.
Olivier Michel Marie Schmitthaeusler, ciudadano francés nacido en Estrasburgo en 1970, es desde 2009 vicario apostólico u obispo de Phnom-Penh (Camboya), donde fue nombrado primero coadjutor y después titular de la sede un año después.
Esta actitud respecto del informe de las Misiones Extranjeras contrasta con el deseo declarado de abrir la información, de promover la “libertad de expresión”, en particular en los países de Asia y del océano Índico.
Publicidad de la investigación y llamados a testimonios
Si bien la difusión de las conclusiones de la investigación sufre por la manera en que define su idea de confidencialidad, el llamado original a ofrecer testimonios y cómo se recogieron es aún más preocupante.
Aunque el informe habla repetidamente de “llamados a testimonios” “traducidos a los diferentes idiomas de los países de misión”, no hay evidencia de que tales llamados se tradujeran a todos esos idiomas.
Y todos los testigos consultados en Tailandia afirman no haber oído hablar nunca de este llamado a testimonios, más en la región más afectada por casos de abuso sexual, la llamada región Karen.
Es necesario preguntar cómo los líderes de la orden hicieron estos llamados a testimonios. ¿Qué redes, en qué medios y en qué medida se utilizaron para dar publicidad a la investigación y llamar a testimonios en los países de misión?
Los autores del informe señalan (p. 26 del reporte en francés y 24 de la versión en inglés) que nadie ofreció su testimonio a causa de su llamado a testimonios. ¿Será que esto se debe simplemente a que hubo poco o ningún trabajado real para conseguir esos testimonios?
Sobre el método
El informe detalla el alcance de la auditoría, que busca primero analizar la situación de la orden de las Misiones Extranjeras desde la perspectiva de las normas de protección más recientes y, finalmente, identificar, en la medida de lo posible, los informes de violencia sexual dentro de la orden.
Los autores hacen todo lo posible para evitar cualquier intento de realizar una investigación de tipo periodístico o académico, para plantear preguntas sobre las responsabilidades o para preguntar con precisión sobre los diferentes mecanismos de protección e inmunidad, apenas abordados en el informe.
Se trata de una omisión muy lamentable, más cuando se considera qué tan reciente es un número muy significativo de casos en este informe. La incapacidad, en este momento, de toda la jerarquía de la Iglesia Católica (nunciaturas, las conferencias de obispos y de religiosos de Francia, curia romana y los tribunales canónicos) para iluminar estos casos recientes exige una investigación histórica detallada, o al menos una visita apostólica y una investigación canónica.
¿Se llevará a cabo alguna vez una investigación de esta naturaleza? Es difícil creer que esto ocurra y, en todo caso, hay que lamentar el derroche de dinero y de recursos cuando esta investigación “independiente” tenía todos los medios y el poder para ofrecer al menos un diagnóstico que todavía no se ha hecho.
La severa realidad que evidencian las recientes investigaciones periodísticas sobre los dos últimos superiores de la orden indica claramente, sin embargo, que el problema es tanto el pasado como el futuro de la orden, pues las decisiones en materia de reclutamiento o de nombramientos tienen repercusiones veinte o treinta años después. No hay garantía de que las propuestas de mejora de los protocolos de protección sean suficientes para eliminar los efectos de las decisiones previas.
También nos preguntamos por cierta modestia de la que han hecho gala los investigadores a su paso por los países de misión: “[los investigadores] también han optado a veces por no abordar la cuestión de la violencia sexual directamente en las consultas con estas comunidades” (p. 13 de la versión francesa, 12 de la inglesa). ¿A qué ir, entonces, a esos países, si no es para discutir estos temas?
En cuanto al método de triangulación usado para identificar los casos, consistente en identificarlos primero en las actas de las reuniones semanales del consejo permanente (superior general y su consejo), cabe preguntarse: ¿no menciona el propio reporte (p. 55 del reporte en francés, 50 de la versión en inglés) informes hechos ante ese consejo que no están en las actas?
O bien los testigos mienten, o alguien censuró o testó las actas, o, más probablemente, los miembros de los consejos acordaron mutuamente no llevar un registro de estos reportes, lo que obligaría entonces a considerarlos cómplices.
También es fácil imaginar que en asuntos similares el superior general y su vicario general (quienes están ambos implicados en acusaciones en la actualidad prefirieron llegar a un acuerdo privado, sin informar a su propio consejo.
¿Por qué la investigación no revisó los expedientes personales de los mil 491 sacerdotes activos durante este período? ¿Por qué se ha limitado a sólo 350 expedientes, cuando los expedientes personales de los sacerdotes de la orden, reunidos en el archivo de la orden en la calle Du Bac, son fácilmente accesibles y la colección es ideal para realizar búsquedas metódicas?
¿Por qué no se ha preguntado a ninguno de los sacerdotes de la llamada “diáspora”, definidos como quienes “aún pertenecen a la orden pero están retirados o incardinados en Francia o en otros lugares” (p. 12 de la versión en francés y 11 de la versión inglesa)?
Habiendo regresado de sus misiones, por diversas razones y ejerciendo en Francia, están especialmente bien situados para alertar sobre las disfunciones que pueden haber observado. En años recientes, el número de miembros de las Misiones Extranjeras (excluidos los jubilados) que ejercen fuera de los territorios de misión ha alcanzado una proporción muy elevada, lo que es, por decir lo menos, cuestionable, sin contar las salidas recientes o en proceso.
Visitas a los países de misión
Si bien varios colegas confirman la llegada de investigadores de la GCPS a varios países de misión, se plantean, sin embargo, preguntas sobre el alcance de la investigación en esos países. Así, si efectivamente fueron a Bangkok, Tailandia, nadie ha oído hablar de una visita a la región Karen, que es el más gravemente afectado por los casos de pederastia clerical.
Uno se pregunta por el deseo de exhaustividad de una investigación que ignora los casos más graves, o incluso las víctimas y los testigos que habrían informado voluntariamente sobre casos ya conocidos en las noticias, y su desastrosa gestión por parte de los actuales líderes de la orden.
Una vaguedad persistente
El vocabulario utilizado mantiene a menudo una cierta vaguedad sobre las fechas (“estos últimos años”), las responsabilidades y la identificación de los testigos (“algunos sacerdotes”), las situaciones (“parece que”). Esta vaguedad impide un seguimiento fiel de la historia de los casos y de los avances en materia de tutela, y no se ajusta bien al rigor que se espera de una investigación.
La manera en que el informe establece sus períodos está relacionada con los mandatos de los superiores y vicarios generales en las Misiones Extranjeras: ¿por qué no mencionar las responsabilidades durante estos períodos, responsabilidades que son de dominio público y no confidenciales?
Para dejar constancia, la Tabla 1 muestra los mandatos de la dirección de la orden a partir de 2004, para compararlos con los casos informados en estos períodos.
Existe una imprecisión similar en la presentación de las cifras y los datos en el inventario de incidentes. La vaguedad es comprensible ante la difícil estimación de los casos, pero la mezcla al estimar las denuncias, las víctimas y los agresores, los casos probados y las denuncias, así como la evolución de las cifras en períodos muy dispares, impide poner en perspectiva las cifras y elaborar una proporción seria de los casos de violencia sexual en la orden en el período estudiado.
La cifra propuesta del tres por ciento del clero depredador adolece de tales reservas que parece imprudente citarla tal como está. Sin embargo, se trata de la información en bruto presentada en el comunicado de prensa y en las declaraciones de las Misiones Extranjeras, que querrían incluir esta estimación en la media definida por la investigación de la CIASE, el llamado Reporte Sauvé (2.5-2.8 por ciento). A pesar del intento de las Misiones Extranjeras de fijar esa cifra, para ciertos períodos la proporción en ese orden es mucho más alta.
Las cifras de las denuncias, los incidentes y los presuntos agresores
El larguísimo período estudiado (74 años) y la gran disparidad de cifras y períodos impiden una comprensión homogénea de lo que ha sucedido. También permite suavizar las cifras, hasta el punto de que uno llega a preguntarse si no se trata de una manipulación intencionada. ¿Es razonable, de hecho, comparar los primeros años de la década de 1950, cuando había más de mil misioneros, con la de 2010, cuando la orden contaba con menos de 200 misioneros?
Además, uno debe tener en mente que recientemente el número de misioneros menores de 75 años aún activos, incluso menor, no más de 60 sacerdotes.
El reporte de Misiones Extranjeras carece de información estadística sobre la evolución de la orden. Si tomamos el número de quienes abandonan la orden, se constata un descenso espectacular, que deja la orden reducida a casi nada.
Si se tienen en cuenta las salidas, surge una preocupante proporción de sacerdotes agresores. Para ilustrar este punto es necesario tener en cuenta que hubo 561 salidas en misión entre 1946 y 1975, mientras que entre 1976 y 2019 sólo se produjeron 61. Si se analizan los años concretos, se encuentran, como posibles ejemplos, 15 salidas en misión en 1966; ocho en 1970, ninguna en cada año entre 1978 y 1984; una o dos al año entre 1984 y 2010, y apenas más desde 2010.
Basándonos en los datos estadísticos muy fragmentarios de este informe, y centrándonos en el período contemporáneo, es razonable estimar que la proporción de agresores potenciales supera el diez por ciento en los últimos 30 años, e incluso el quince por ciento en los últimos años. Es una cifra enorme y absolutamente inédita que requeriría de inmediato una investigación formal por parte de la jerarquía católica y tal vez de las autoridades civiles y policiales.
En este punto sería interesante saber qué dirían los estadísticos aficionados de la Academia Católica de Francia. ¿Qué dirían los que se mostraron tan dispuestos a criticar los resultados del Reporte Sauvé (disponible aquí en inglés en Scribd) después de examinar este informe y sus extraños sesgos estadísticos?
El pico observado en el período 1971-1980, analizado con gran precisión por el informe, no carece de interés: ilumina singularmente la modestia de la generación de antiguos misioneros, muy callada estos últimos años sobre estas cuestiones, muy incómoda al abordar cuestiones sexuales, lo que se explica también por la información que ofrece el informe sobre numerosos casos de cohabitación en las misiones, una situación notoria entre el clero de la orden.
Los lugares
El predominio de los informes procedentes de Francia (19), en una orden misionera en la que se supone que la mayoría de sus miembros trabajan en una misión, obliga a plantearse dos tipos de preguntas.
Por una parte, si excluimos los casos de abusos posiblemente cometidos durante un permiso (pero que revelarían casos que, por lo demás, serían numerosos en una misión) o por misioneros llamados a trabajar en Francia metropolitana, la coincidencia de estos numerosos informes con los lugares de poder y de gobierno de la sociedad plantea la cuestión del vínculo entre los abusos sexuales y el poder en el seno de la orden (cuánto más entre los dirigentes que seguirán una brillante carrera en la Iglesia Católica de Francia), y de un posible carácter sistémico del abuso en la orden.
Por cierto, las declaraciones recientes del actual superior general, el padre Vincent Sénéchal, quien dijo «unos pocos casos aislados no hacen un sistema» parecen quedar ampliamente socavadas por este informe, tanto por las cifras como por los resultados de su enfoque de la salvaguarda.
Se trata de un «sistema» que desborda la orden de las Misiones Extranjeras para afectar a la Iglesia Católica en Francia y a las instituciones romanas: las nunciaturas y tanto el Dicasterio para la Evangelización, la antigua Congregación para la Evangelización de los Pueblos) como el Dicasterio para los Obispos.
Además de los abusos, sexuales y de los mecanismos de poder, sería oportuno plantear también los abusos económicos, un monstruo marino en la orden, tema descartado por el informe, a pesar de los casos denunciados a los investigadores.
Tailandia, con diez casos, plantea interrogantes sobre el número de casos aceptados. Yo personalmente denuncié a los investigadores no menos de tres presuntos casos (debidamente documentados) de agresiones a menores, sólo en mi territorio de misión, lo que augura un número mucho mayor para todo el país.
Por último, Camboya, con siete casos, plantea dudas sobre la contemporaneidad de los casos denunciados: la Iglesia Católica allí desapareció completamente durante el periodo de los Jemeres Rojos (1975-1997), su renacimiento depende de la mayor inversión de las Misiones Extranjeras en los últimos treinta años y es una de las últimas iglesias asiáticas aún dirigidas por la orden.
También, la ausencia o el escaso número de casos en países que contaban con muchos misioneros. Como posible ejemplo, cabe señalar que no hay informes de la República Popular China (véase la gráfica un poco antes de este párrafo), país que la página web de la orden designa como parte de los llamados “Países de Misión”, como describe el mapa que aparece después de este párrafo, disponible aquí en francés o inglés en su sitio web. Esto obliga a plantear preguntas sobre las numerosas fallas en lo reportado y sobre la existencia o no de llamadas a dar testimonio difundidas en estas regiones.
Algunos elementos sobre la auditoría de la política salvaguarda de la orden
A pesar de su redacción cautelosa y diplomática, el informe es, en definitiva, una dura crítica de la actuación de la orden en materia de protección. Esto es aún más evidente en el caso de los mandatos de Georges Colomb (2010-2016), pero sobre todo de Gilles Reithinger (2016-2021), como superiores generales de la orden.
Así, nos enteramos de que hasta 2021, solo se había presentado un informe ante los tribunales. Una vez más, este único informe se refería a un voluntario, y no a un sacerdote. Una constatación cruel, que desmiente absolutamente las declaraciones de Gilles Reithinger, quien afirmó que cada caso encontrado había sido sistemáticamente reportado a la justicia civil y a la jerarquía católica.
El informe de auditoría también deja claro que, hasta hoy, no se ha presentado ningún informe a las diversas justicias de los países de misión, a pesar de una legislación clara que establece el deber de presentar informes formales, y en total contradicción con las normas globales de la Iglesia Católica.
Si la auditoría sobre el reciente mandato de Vincent Sénéchal (interino en 2021, superior desde 2022) parece indicar un cambio en la práctica, no menciona que Sénéchal había sido vicario general de su predecesor durante cinco años, y que como tal compartía con él la responsabilidad de superior mayor (y antes de eso superior de la orden en Camboya), y la información reservada al superior general.
El informe condenatorio sobre este período hace imposible exonerar a Sénéchal, al actual superior general, así como a algunos miembros del actual consejo, incluidos los que forman parte del nuevo “Consejo para la Evaluación de Alertas y Denuncias”, que ocuparon anteriormente puestos de liderazgo.
Sería exagerado presentar a Vincent Sénéchal como una especie de “caballero blanco” de los protocolos de salvaguarda de la orden, decidido a cambiar radicalmente las prácticas en las que él mismo colaboró.
Si bien se han presentado varias denuncias ante los tribunales civiles o canónicos, se han hecho principalmente bajo la presión combinada de las investigaciones periodísticas, de una opinión pública católica cada vez más vigilante después del Reporte Sauvé y de las víctimas y testigos que se han presentado, más que bajo la acción proactiva de la orden en estos asuntos.
Toda posibilidad de acción proactiva ha sido negada por la atmósfera de secreto y omertá que todavía rodea la cuestión de la violencia sexual en la orden de las Misiones Extranjeras.
«Reacciones marcadas por la homofobia»
Además de las diversas resistencias de los sacerdotes de la orden a su propia investigación, referidas aquí y allá en el informe, los investigadores también hablan de reacciones marcadas por la homofobia en el diagnóstico que varios sacerdotes ofrecen como diagnóstico de la prevalencia de la violencia sexual en su orden.
Esto es paradójico, ya que es precisamente la existencia de un ambiente homofóbico lo que ha permitido y ocultado en parte la violencia sexual en la llamada Casa Madre en la década de 2010. La persistencia de este ambiente, sobre todo entre los sacerdotes jóvenes, no debe desestimarse, ya que es un factor de los mecanismos que han permitido que la violencia persistiera en el pasado reciente.