Recuento de la trayectoria política de Javier Corral Jurado, quien se ha visto implicado en casos de tortura, fabricación de culpables y muertes en Chihuahua.
Pese a la larga lista de denuncias formales sobre tortura, secuestro, homicidios y fabricación de culpables, Morena apuesta por Javier Corral para fiscal anticorrupción.
Los delitos de Javier Corral, sin prescripción.
Por Samuel Schmidt
El político chihuahuense Javier Corral Jurado acaba de ser designado por la candidata de Morena a la presidencia, Claudia Sheinbaum Pardo, como encargado de perfilar un programa anticorrupción para el próximo sexenio. Sin embargo, Corral tiene una larga carrera de irregularidades, represiones, corruptelas, torturas y extorsiones que lo deberían invalidar para las tareas de honestidad que propone Morena para el próximo gobierno.
De darse la victoria morenista, asignar al exgobernador chihuahuense como encargado de la corrupción en el próximo sexenio sería como poner al lobo a cuidar el gallinero. Los datos que publicamos en este texto periodístico comprueban que muchos de los presuntos delitos de Corral siguen vigentes, sobre todo desde la persecución y tortura contra disidentes.
Dos presos estaban tendidos en su celda cuando llegaron dos agentes ministeriales, de ellos se temía lo peor dado el maltrato que habían sufrido, pero para su sorpresa los agentes les dijeron que venían para que ratificaran su denuncia por tortura contra el exgobernador Javier Corral. Eran los últimos presos de los que fueron detenidos como parte de un esquema de venganza/extorsión/ tortura del gobierno del panista.
El delito de Tortura es imprescriptible, de acuerdo con la «Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura» de Chihuahua (año 2012) se castiga con pena de 4 a 15 años, y la pena aumenta 1/3 cuanto participan más de dos personas, también se impone de doscientos a quinientos días de multa e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos hasta por dos tantos del lapso de privación de la libertad impuesta. Solamente en el caso de Marcelo González a quién la fiscalía del Estado ha reconocido como víctima de tortura y extorsión, Corral y Peniche alcanzarían 200 años de prisión.
La extorsión de los contrarios
“Mire, sabemos muy bien que su casa está limpia, pero se la podemos ensuciar”, así se presentó el chantajista enviado por el fiscal César Peniche que llegó a extorsionar al ex colaborador del gobierno de César Duarte. La víctima sabiendo del poder y credibilidad de la amenaza pagó $100,000 mensuales hasta llegar a la cantidad convenida, al término del plazo regresaron a verlo para pedir más dinero, él dijo que el acuerdo de pagar había terminado pero le dijeron que no, que seguía otro año, cómo se negó a pagar fue encarcelado, forzado a enfrentar innumerables acusaciones que lo arruinaron económica y familiarmente, su esposa fue torturada psicológicamente y hasta sus hijos de 4 y 8 años sufrieron acoso en la casa y en la escuela; se contagió de COVID en la cárcel porque parte de la maniobra fue tratar que fallecieran encarcelados; él sanó pero esa no fue la suerte de Lázaro Joaquín López Ramírez a quién la juez le negó el arraigo domiciliario no obstante que él era de alto riesgo y saberse que había un brote de COVID en la prisión y como era de esperarse se contagió, se le desatendió en la prisión, pero se le llevó a morir al hospital.
En el gobierno de Corral en lo que denominó “Justicia para Chihuahua” se abrieron 2,000 asuntos, hubo 70 detenidos, de los 250 jueces penales en el Estado, todos los casos recayeron en cinco y dos magistrados que las víctimas están convencidos que actuaban por consigna. Pero lo más grave fue que entre 2017 y 2018, por lo menos 34 funcionarios del gobierno de Duarte fueron extorsionados solicitándoles entre 500,000 y 3 millones de pesos, porque «según el sapo era la pedrada», algunos le decían que vendieran sus coches o sus casas. Muchos de los personajes que en señal de broma se autonombraban “Sindicato de extorsionados por el corralato” aún ahora siguen solicitando el anonimato al declarar la pesadilla que vivieron.
En el caso de Marcelo González, la fiscalía del estado reconoce que debe ser indemnizado por daño moral, mentiras administrativas, responsabilidad patrimonial y ser incluido en el padrón de víctimas del estado, y, sin embargo, el caso no se mueve, parece haber algo que frena a la fiscalía.
El magistrado Ramírez que había sido diputado, declaró en una entrevista en el Canal 44 de Chihuahua que le pidieron un millón de pesos y al negarse a pagar lo encarcelaron. El mensajero de la extorsión era el mismo del otro ex funcionario.
Al ex alcalde de Chihuahua Javier Garfio Pacheco le pidieron varios millones en efectivo a cambio de permitirle abreviar su caso, auto imputarse y liberarlo en siete meses después obligarlo a firmar una acusación contra César Duarte.
Las víctimas, aún terminada la pesadilla de Corral guardan el anonimato y se niegan a seguir denunciando por temor; algunos se negaron a hablar conmigo sabiendo que escribiría un artículo, uno de ellos sigue con 50 expedientes abiertos aunque conforme a la Ley lleva su proceso en libertad. En esos años la venganza de Corral produjo 128 carpetas judicializadas, 34 aprehensiones, 10 casos se sobreseyeron, 14 sentencias en juicio abreviado, 4 sentencias en juicio oral y una persona sigue en la cárcel. No se ha hecho el cálculo del monto generado por la extorsión y el daño económico, personal, profesional de las víctimas incluidos los suicidas que dejaron huérfanos y viudas desprotegidas. Varias de las víctimas han sido reconocidas con el protocolo de Estambul, sin embargo, los documentos se pierden y hasta hay quién ha sido sometido dos veces al mismo, lo que genera depresión porque implica regresar a la persona a revivir las torturas que vivió.
Javier Corral que llegó al poder en Chihuahua fraudulentamente a partir de un acuerdo entre el PAN (Gustavo Madero) y Enrique Peña Nieto a cambio de los votos por la reforma energética, dedicó todos sus esfuerzos a gobernar utilizando la ley para abusar de la sociedad echando por tierra el Estado de Derecho, promovía su imagen de honestidad mientras ponía especial atención a destruir económicamente a los miembros del gobierno anterior y embolsándose la extorsión a los que los sometía por medio de su fiscal. Disfrazaba su sed de venganza y riqueza con un supuesto esfuerzo para luchar contra la corrupción.
Corral era dado a invitar “intelectuales” que le ayudarían a pregonar cualidades intelectuales y políticas que no tenía, sacó su licenciatura en una universidad patito, y que lo manejaran como el nuevo político que conduciría a México, mientras los agasajaba le hicieron el juego de que sería presidente de la República encabezando un bloque político que se articulaba en torno a él.
Los presos sabían que después de sucesos dramáticos o durante esas reuniones anuales con “intelectuales”, para alimentar el morbo de Corral, sacaban a los presos al patio de la cárcel en la noche, a las 3 am declaró Gerardo Villegas Madriles, los desnudaban frente a cámaras mientras Corral con una buena copa de alcohol en la mano iba diciendo de que estaba acusado cada uno. Nos informan que en la nómina de invitados de Corral y que asistían a esas sesiones se encontraban Santiago Nieto, Acosta Naranjo, Basave Benítez, Denisse Dresser y muchos otros. Al parecer para esos “intelectuales” no era contradictorio que esos detenidos fueran torturados, extorsionados, sumidos en la ruina económica, sus familias destruidas, mientras asistían al circo romano de Corral.
En todos los casos de esos detenidos se violó la ley, se les detuvo más allá de los dos años de prisión preventiva, se les torturó, algunos murieron y otros estuvieron en peligro de muerte. La presión política logró que liberaran a algunos contagiados con COVID. Otros se han suicidado por no aguantar la presión. Dentro de la cárcel hubo por lo menos ocho casos de intento de suicidio.
Antonio Enrique Tarín García, presidente del Comité de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda del Estado, fue encarcelado cuatro años con doce carpetas penales y finalmente fue liberado para seguir su proceso en arraigo domiciliario.
Jesús Esparza, ex auditor superior del Estado, ha presentado denuncia por tortura y tuvo que pedir amparo para proteger a su familia también amenazada, y se declaró en huelga de hambre.
Marcelo González, secretario de Educación, declaró a la prensa haber sido extorsionado por Peniche por 500,000 a quién denunció por extorsión, amenazas, inadecuada administración de justicia y discriminación.
Mayra Julieta U, viuda del diputado Carlos Hermosillo fue encarcelada, acusada de obtener de manera ilícita 58 millones de pesos, mientras era jefa de oficina en el DIF; Hermosillo murió en un accidente de carretera el 20 de marzo de 2017.
María Eugenia (Maru) Campos Galván presidenta municipal de Chihuahua fue acusada de haber recibido dinero de Duarte, en lo que se convirtió en una larga y viciosa campaña para descarrilar su campaña para la gubernatura, la que finalmente ganó. El notario que se negó a certificar los recibos fue perseguido.
Jesús Luna, secretario privado de César Duarte fue hostigado por las huestes de Corral optando por huir del país, sin embargo fue deportado a México y al llegar fue acusado falsamente de peculado por desviar más de 400,000 pesos para pagar viajes de avión para el hijo de Duarte para lo que no tenía atribuciones; en una ocasión él llamó al aeropuerto para que preparan el avión para un vuelo privado a Cancún por orden del gobernador, él no tenía autoridad para autorizar. Luna fue encarcelado para forzarlo a declarar que Enrique Serrano (candidato a la gubernatura por el PRI) y Guillermo Dowell, presidente del PRI, habían recibido sacos llenos de dinero en la residencia oficial del gobernador. El joven fue procesado por $80,000 que era el costo de un vuelo privado de Cancún a Ciudad de México, estuvo encarcelado un año y pagó $200,000 para que lo dejaran salir.
El magistrado Jorge Abraham Ramírez Alvidrez fue destituido por Julio César Jiménez Castro, presidente del Consejo de la Judicatura, y posteriormente destituido por la Suprema Corte, Ramírez estaba acusado de un presunto desvío de recursos, se amparó y fue restituido en el puesto. Corral maniobró en el congreso para desaforarlo y se restauró la orden de aprehensión; mientras esto sucedía, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la Ley de Procedencia y Juicio Político del estado de Chihuahua con la que persiguieron a los ex funcionarios extorsionados y al magistrado, y a éste le pidieron un millón de pesos para no detenerlo pero se negó a pagar, y no obstante pese a estar amparado fue detenido para tomarle huellas y avergonzarlo.
Como parte del uso de la ley, Corral nombró como presidenta de la Comisión de Carrera Judicial, encargada de los procesos para designar jueces y magistrados a Lucha Castro quien no cumplía con los requisitos, pero ella pondría al sistema judicial a la disposición del gobernador. Destituyó al presidente del Supremo Tribunal de Justicia y nombró jueces que manejaron los casos de extorsión de Corral.
El manejo torpe de los jueces fue tirado por el Consejo de la Judicatura y el magistrado Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes denunció a Corral y a Castro por ejercicio ilegal del servicio público. Igual suerte correrían las notarías que trató de regalar Corral que no fueron autorizadas.
Las cárceles como negocio. Bajo Corral, el penal de Aquiles Serdán generaba alrededor de tres millones semanales, o sea que les dejaba entre 120 y 150 millones de pesos en efectivo al año; de cada tres millones, uno era para Corral, uno para Peniche, y uno para repartir a nivel local; todo en el penal se vendía. Al final del sexenio, el encargado de la operación en el penal fue asesinado y quemado. Sería bueno saber cuánto producían los otros 9 penales, pero la directora de reclusorios también al final del sexenio sufrió “un accidente” automovilístico a partir del cual salió de la luz pública.
Como parte del desmantelamiento de la estrategia para impedir la operación de los grupos criminales que refleja el grado de compromiso que tenía con los cárteles, se amplió la penetración de los criminales en el auto gobierno en los penales. En Chihuahua se eliminaron los inhibidores de señal para facilitar la extorsión y la separación de los reos detenidos por otros delitos. Había la consigna de que en el momento en que Duarte pisara la cárcel sería asesinado. Al Cereso de Juárez regresaron los extorsionadores y secuestradores principalmente de La Línea y con ellos manejaron los delitos a su antojo, los que se habían logrado contener relativamente en el gobierno de Duarte.
Notarios perseguidos
Guillermo Dowell, notario 12 en Ciudad Juárez, entró a la presidencia del PRI estatal después de procesar la licencia correspondiente a la que la ley lo obliga siendo notario. Sin embargo, Corral decidió que la licencia no se había solicitado y determinó que había violado la ley, por lo que le retiraría la licencia de notario. Primero le hicieron una revisión de la que salió todo en orden, pero eso no fue óbice para que continuaran tratando de cerrar la notaría. Le enviaron un mensajero que le pidió un millón de dólares a cambio de dejarlo en paz, se negó y continuó la agresión, así que un día le cercaron la casa con policías. El hizo las gestiones legales para evitar el cierre de la notaría y presentó la queja correspondiente por el hostigamiento policiaco, así que la oferta para dejarlo en paz bajó a medio millón de dólares, mientras él ganaba los casos que le armaba el gobierno la oferta bajó de nuevo a 250,000 dólares, para finalmente dejarlo en paz cuándo tiró por la vía judicial todas las rutas legales con las que intentaron despojarlo, aunque ya derrotados, intentaron callarlo y que no criticara al gobierno que lo persiguió.
El notario de Chihuahua que negó haber certificado los recibos con supuestas firmas de Maru fue el licenciado Luis Raúl Flores Sáenz, notario 4 de Chihuahua, quien desmintió al gobernador en cuanto a la veracidad de tales recibos. Como represalia, Corral dio una rueda de prensa donde anunció que clausuraría la notaría y que imputaría penalmente al notario. La notaría fue cerrada de forma ilegal (la Ley del Notariado sólo permite cerrar una notaría previo proceso, y en este caso se cerró sin proceso). Al paso de unas semanas la justicia federal ordenó reabrir la notaría; ante esto, Corral mandó detener al notario, sin poder lograr su detención en virtud del amparo que tramitó el profesionista. El notario logró ganar diversos juicios de amparo que lograron mantener su notaría abierta.
El otro notario contra quien Corral descargó sus odios, fue Fernando Ulloa, notario 7, de Parral, a quien previamente se le estaba solicitando dinero por parte de diversos mensajeros del gobierno, para no molestarlo, peticiones que fueron rechazadas. La persecución se debió a que Corral pensaba que era amigo de Duarte. Trataron de iniciarle -desde el gobierno del estado- un proceso administrativo, sin lograr resultados debido a los amparos promovidos por el notario. En días previos a la Navidad del 2019, el notario fue detenido y llevado ante un Juez de Control para imputarle como delito la supuesta falsedad de una escritura, argumentando que previamente se había llevado a cabo un contrato privado sobre la misma propiedad. Luego de una larga audiencia, donde pudo demostrarse que el Ministerio Público presentó documentos del Registro Público de la Propiedad alterados, el Juez de Control se negó a dar prisión al notario, quien continuó su defensa hasta que el asunto se cayó durante los mismos tiempos de Corral y el notario quedó liberado de responsabilidad penal y administrativa.
Dowell no fue el único acosado con la policía. Ésa era una práctica preferida por Leticia Corral, la hermana que terminó de criar a Corral cuando quedó huérfano. A una mujer a quién Leticia consideraba su enemiga los agentes ministeriales la detenían en las mañanas cuando iba rumbo al puente internacional para llevar a sus hijos a la escuela en El Paso, con lo cual provocaban que los niños llegaran tarde. Eso mientras Ciudad Juárez estaba arrasada por el crimen debido al desmantelamiento de la estrategia de seguridad. Leticia era virtualmente la vice presidenta, viajaba en los aviones del gobierno sin ser funcionaria y se comenta en Juárez que la mujer vive en una opulencia anteriormente inexistente.
Ataques contra la prensa
Ximena Arochi en Proceso cita una investigación de Guadalupe Lizárraga y concluye: “Manipulación de evidencia, alteración de declaraciones, fabricación de culpables y actos de tortura en los que participó el entonces gobernador Javier Corral fueron algunos de los hallazgos de la periodista Guadalupe Lizárraga en su investigación titulada «Reporte Miroslava»”. Lizárraga concluye que hubo “crimen de gobierno” en un caso que enlutó al periodismo nacional y en el que Corral protegió a los funcionarios panistas acusados de conspirar para asesinar a la periodista. Un detenido que era vecino de celda de “El Larry” a quien se le condenó por el crimen en un caso lleno de irregularidades nos dice que Lizárraga tiene razón y otro detenido que habló largamente confirma que Hugo Amed le comentó que Corral lo llamó a su despacho y lo hizo declarar ante el ministerio público, participando en la tortura psicológica contra el exalcalde.
Corral acosó a los medios, creó una instancia de comunicación del estado, pero cerró los espacios a los demás. Por cierto, que su secretario Antonio Pinedo está detenido y acusado de corrupción.
Corral está acostumbrado a los excesos del poder. El que se dice paladín de la libertad de expresión, cuando era joven fue a extorsionar a un priista para que le diera su mochada, el priista le dio unos pesos y le dijo que aprendiera a ahorrar. Desde ahí agredió a la familia del priista que son empresarios. Usando su posición de presidente de la Comisión de Telecomunicaciones en el senado le pidió al dueño de una estación de radio en Ciudad de México que me sacara del aire por haber mencionado que se comentaba sobre su intención de hacerse con varias estaciones de radio en sociedad con extranjeros. El dueño de la estación esperaba a cambio “un favor”. No se contentó con sacarme del aire, sino que me difamó usando recursos públicos, lo que configura el delito de peculado. Mi demanda penal se atoró en la PGR panista, que actuaba exactamente igual que la priista: apoyo a toda costa para los suyos, hagan lo que hagan. Desde el senado me pedían que frenara el ruido de mis quejas, porque sorpresivamente, los medios se volcaron en su contra. Le dije a Enrique Jackson quien me hizo la petición, que mejor me ayudara para hacerle juicio político a Corral y ahí terminó la gestión del senado.
Cuándo denuncié el peculado de Corral me buscaron de Televisa porque tenían una cuenta pendiente y aprovecharon la ocasión para ajustar cuentas. Cuándo intentó ser gobernador la primera vez en 2004, acudió ante Televisa quién le otorgó una línea de crédito. Se le hizo sencillo decidir no pagar la deuda, para lo que jugó a tratar de que la deuda la pagara el PAN, quién se negó, y luego utilizó el fuero legislativo para no pagar. La televisora que sabe guardar y cobrar sus deudas, lo demandó y le quitó una casa.
El hurto
En enero del 2016, Corral compró una casa en la esquina sur poniente del cruce de las calles Costa Rica e Ignacio de la Peña. Siendo gobernador compró la esquina norponiente del cruce de las Calles Costa Rica e Ignacio de la Peña en un valor de $1,200,000.00 M.N. (la propiedad tenía 362.36. m2 de terreno y construcción de 232.28 m2 de construcción). Se la compró a Esperanza Miranda Molinar, quien a la fecha de la escritura tenía 89 años, lo que provocó que se generaran acusaciones por parte de una hija contra Corral, pues argumentó que la señora tenía demencia senil y padecía de ludopatía.
El tercer caso es un terreno ubicado sobre la calle Costa Rica, contiguo a la casa de la esquina norponiente del cruce Costa Rica e Ignacio de la Peña que adquirió Corral por medio de un supuesto contrato privado de promesa de venta celebrado a fines de 2018 con Ricardo Álvarez Chabre, documento que no ha mostrado públicamente.
Esta propiedad sigue inscrita en el Registro Público de la Propiedad a favor de Francisca Muñiz de Pérez y de sus hijos Elia Pérez Muñiz y Sergio Pérez Muñiz desde 1961, quienes la adquirieron por herencia de su esposo y padre.
En 1991, la tercera parte propiedad de Sergio Pérez Muñiz fue embargada por varios acreedores, entre ellos Banco Inverlat y fue sacada a remate en 1995, sin que nadie se interesara en dicha tercera parte, ni se la adjudicara el Banco, por lo que el juicio se quedó detenido.
A fines de 2018, el juicio se retoma y se saca a remate nuevamente, con los mismos avalúos elaborados 23 años antes, sin considerar que Sergio Pérez Muñiz ya había muerto y sin considerar que la sentencia había caducado por tener más de 10 años de antigüedad. En el remate se adjudicó Ricardo Álvarez Chabre, hijo de Ricardo Álvarez Medina, quien fuera presidente municipal suplente de Juárez, al sustituir al panista Jesús Alfredo Delgado Muñoz en 2010.
Supuestamente, Ricardo Álvarez Chabre habría vendido a Javier Corral Jurado en un contrato privado que nadie conoce, y con ese contrato tomó posesión del 100% del terreno, cuando el remate a favor de Álvarez Chabre era sólo sobre un tercio del inmueble.
Todo iba bien para Corral hasta que El Diario de Juárez publicó la historia del robo, ante lo cual el gobernador decidió demandarlo en El Paso, porque “ahí si funcionaba la ley” y ahí vive el director del diario quién -según Corral- tiene mansiones. No solamente agredió a un medio de comunicación, cosa que hizo a lo largo de su gobierno con los medios, sino que para no reconocer que los gastos judiciales se pagaban con fondos públicos, aceptó que unos amigos de él financiaran el costo de la demanda lo que es un delito. Corral sigue en posesión de la casa despojada y el terreno robado.
La venta de la plaza
Mientras que el gobierno de Duarte había logrado reducir los indicadores de criminalidad especialmente al sacar a las fuerzas policiacas y militares del estado, con Corral se revirtió la situación porque según varios testigos vendió la plaza. Una versión que circula en Chihuahua es que negoció con Sinaloa, otra versión es que le dio mano libre a su fiscal Peniche para que manejara las relaciones con los cárteles, lo que supuestamente explica la inacción de Corral ante el asesinato de la periodista Miroslava Breach dónde supuestamente panistas relacionados al grupo de Los Salazar vinculados al cártel de Sinaloa intervinieron para eliminarla, una versión que la han informado los medios chihuahuenses.