Desde hace cinco años Infonavit se resiste a la elaboración y publicación de una revisión hecha por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el sexenio peñista.
Pese a ser ya de la Administración morenista, Martínez Velázquez ha llevado este y otros juicios hasta la Corte, alegando que el Infonavit no forma parte de la administración pública y solo maneja aportaciones privadas de los trabajadores.
En noviembre de 2020, la Corte negó el amparo y confirmó que la ASF puede auditar al Instituto, pero fueron necesarios casi tres años más para concluir la revisión.
El 12 de diciembre, el juez Ulises Rivera admitió la demanda a trámite, pero negó suspender los efectos del informe de la Auditoría.
La ASF había concluido el pasado 3 de octubre una auditoría forense a la administración de Penchyna.
Entre lo hallado está la afectación por 3 mil 88 millones de pesos en la indemnización de 5 mil 88 millones de pesos que pagó el Infonavit a la empresa Telra, y de los que sólo se han recuperado 2 mil millones de pesos que devolvieron en 2021 los empresarios Max y André El Mann.
El resto del daño, según la Auditoría, derivó de 99.2 millones de pesos pagados a Buserdi, una empresa de recuperación de cartera, 44.2 millones a la firma de marketing Soccer Media Solutions, 3.8 millones por vuelos privados no comprobados y 2.2 millones por pagos a la consultora Auren Bajío, por mencionar los casos principales.
Auren Bajío, por ejemplo, fue contratada en diciembre de 2017 y transfirió recursos a Gerinpro Consultores.
La ASF descubrió en 2022 que Arturo Núñez Serrano, en esa época Coordinador de Movilidad del Infonavit, y responsable de supervisar el contrato con Auren, era socio de Gerinpro.