Germán Loera, sentenciado a 50 años de cárcel por secuestro, presentó una denuncia por tortura y manipulación judicial en contra de Javier Corral.
Bajo órdenes de Javier Corral, se promovió el escarnio mediático a nivel internacional para legitimar el falso caso de secuestro.
Por Guadalupe Lizárraga
El 28 de junio, Germán Abraham Loera Acosta, conocido en las redes sociales como Germán Loera, junto con otras cinco personas, interpuso una denuncia en contra de Javier Corral Jurado por “delitos de tortura y en contra del adecuado desarrollo de la justicia” cometidos por el entonces gobernador del estado de Chihuahua. Esto, después de que saliera a la luz pública más evidencias sobre la manipulación de jueces y otros casos de tortura en culpables fabricados.
El abogado defensor de Loera, Salvador Marioni Enríquez, presentó la denuncia en la Fiscalía del Gobierno del Estado; sin embargo, le dijeron que allí no procedía, y lo mandaron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El abogado presentó también en esta institución la denuncia, pero lo remitieron de nuevo a la Fiscalía del Estado. Esta vez la presentó en Control Interno, donde le dijeron que podían recibir la denuncia pero que allí sólo veían las denuncias contra ministerios públicos, y le advirtieron: “aquí sólo vamos a ver las fallas en las que incurrieron los ministerios públicos y las del C4 se ve con ellos allá en el C4”. Pero la misma ficalía rehuía a aceptar la denuncia contra el exgobernador.
Germán Loera fue detenido de manera arbitraria el 2 de marzo de 2018, en compañía de Jesús Arnulfo Ochoa Martínez, Jesús Adrián Mendoza Pérez, Juan Alfonso Puerta Holguín y Jassiel Omar Molina Ceballos. Otro joven detenido en la misma situación fue Édgar René Zubias Rubalcaba, mientras iba en un taxi y sin tener ninguna relación con los anteriores. Tras la detención, todos fueron torturados y encarcelados para enfrentar un proceso judicial bajo la acusación de secuestro por el cual posteriormente fueron sentenciados en 2020 a 50 años de prisión.
En la primera parte de este reporte, Germán Loera dio su testimonio a detalle sobre la tortura que sufrió por parte de los agentes de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS) del estado de Chihuahua. Amenazas de muerte, asfixia con bolsas de plástico, ahogamientos con sumersión en agua, golpes severos y despojo de objetos de valor incluyendo un auto Seat Ibiza azul 2017, además de la privación ilegal de su novia en un hotel y las amenazas contra el resto de su familia.
La víctima del presunto secuestro, Thania Denisse Medina Rodríguez, estuvo retenida, según la versión oficial, por 48 horas a partir del 28 de febrero de 2018 por la noche, en un domicilio de Dolores Almada de Aldaco, y los agentes de la Unidad Antisecuestros afirmaron que allí mismo fueron detenidos los imputados, pasadas las 8:20 de la noche. Así lo replicó la prensa local e internacional con el boletín de la fiscalía. Los medios internacionales, algunos de Perú, Argentina, Inglaterra y España daban vuelo a la noticia, aludiendo como fuente directamente a César Augusto Peniche, entonces titular de la Fiscalía del Estado, y destacaban que el rescate había sido exigido en bitcoins.
No obstante, según las evidencias y testimonios, Loera y sus acompañantes fueron detenidos sobre el Periférico de la Juventud, a 17 kilómetros de distancia de la colonia Dolores Almada de Aldaco, el 2 de marzo de 2018, pese a que Medina Rodríguez, como víctima, ha sostenido públicamente en sus redes sociales que “se la llevaron tres días”, lo que no concordaba con los hechos, porque serían 72 horas, cumplidas el 3 de marzo, cuando Loera y los acompañantes habían sido detenidos 24 horas antes.
Tras la liberación de Thania Denisse Medina por la supuesta acción de los agentes de la Unidad Antisecuestro, dio su testimonio junto con su esposo Laurence Philip ten Bosh, de 38 años y origen holandés, radicado en Chihuahua, y quien, de acuerdo con la versión oficial, fungió como “negociador” para dar el rescate de 2 millones de dólares en bitcoins. Algunos medios manejaron 2 millones de pesos. Pero la fiscalía dijo que “por temor fundado” ni la presunta víctima ni su esposo podían testificar ante juez, y que se habían exiliado del país.
Cuatro años después de los hechos, en 2022, en llamada telefónica con Germán Loera, Laurence Philip dijo que no podían testificar en su favor, porque “tenían miedo de declarar en contra del Estado”, pero que su abogado les hiciera una propuesta “neutral” para ver si podían ayudarlo.
Laurence Philip había sido amigo y socio de Loera en 2016, dos años antes de los hechos, y habían formado una empresa de marketing y compartido oficinas en un espacio adicional de la casa de Philip. Sin embargo, Loera cubría el mayor costo de la empresa y conseguía a los clientes, por lo que, al no considerar que era una situación equitativa, decidió retirarse de la sociedad en diciembre de 2017. De tal suerte, que la llamada telefónica en 2022, resultaba ser parte de las interacciones que había habido entre ellos con anterioridad.
El acusado Germán Loera, en entrevista con Los Ángeles Press, no se refería a Laurence Philip ni a Thania Denisse Medina, por sus nombres, pese a la familiaridad que había habido entre ellos. Los aludía como la “víctima” y el “negociador”, y no dudaba que el secuestro hubiera sido real, sin embargo, su energía estaba enfocada a defenderse, de que él no tenía nada que ver con esa privación de libertad.
“Con sus testimonios justamente es con los que se puede apreciar la falsedad de los agentes quienes contradijeron incluso el dicho de la víctima y el negociador”, puntualizó Loera.
Abundó además en la serie de inconsistencias en las que incurrieron los agentes del Ministerio Público para fabricar las pruebas del supuesto secuestro de Thania Denisse Medina Rodríguez.
Al respecto, la fiscalía presentó un contrato de arrendamiento del domicilio de Dolores Almada de Aldaco donde retuvieron a la presunta víctima con la firma de Loera como principal vínculo con el supuesto secuestro. Una firma que se obtuvo bajo tortura y sin permitirle leer el documento en su detención.
El contrato supuestamente firmado también por la propietaria del inmueble nunca fue corroborado con ella durante la investigación ni posteriormente. En lugar de la firma de la propietaria, aparece la firma de un individuo identificado como Testigo 73, de acuerdo con el expediente con la causa penal 312/2018, quien afirmó ser agente inmobiliario, pero de acuerdo con la defensa de Loera actuó como testigo protegido sin que se justificara legalmente esta condición.
¿De dónde salieron las llaves y el dinero del supuesto rescate?
Respecto a la devolución de las llaves del domicilio donde se tuvo retenida a la presunta víctima, los agentes del Ministerio Público no explicaron en la audiencia en la que se sentenció a Loera y cinco personas cómo obtuvieron las llaves del departamento y cómo fue posible su devolución, ya que ninguno de los detenidos llegó a poseerlas en algún momento, alega la defensa de Loera.
Lo mismo pasó con el dinero del supuesto rescate que exigían. Ninguno de los detenidos se les encontró esa cantidad dinero en el cateo. Tampoco hubo evidencia física del dinero ni se encontraron cuentas relacionadas con Bitcoins u otra criptomoneda.
Quienes difundieron las cifras de rescate fueron medios internacionales, una información que les aportó el fiscal César Augusto Peniche, bajo las órdenes del entonces gobernador Javier Corral. Los 2 millones de dólares en Bitcoins, a 36 criptomonedas, y la fiscalía acreditó el hecho con un documento con el que supuestamente se había devuelto el dinero del rescate.
Germán Loera dijo a Los Ángeles Press al respecto que “era ilógico que incluso el juez se negara a que los afectados del delito testificaran durante el juicio, ya que eso sería lo convencionalmente más conveniente para esclarecer la verdad histórica de cualquier hecho”.
Entre otras irregularidades, el comandante Eber Quintero Juárez, de la Unidad Antisecuestros, uno de los captores de Loera, admitió que durante el operativo de detención nunca hubo coordinación con algún agente del Ministerio Público, lo que representa una violación constitucional. Reconoció que la Unidad Antisecuestros actuó solo, prácticamente como un comando armado, y al cuestionar la defensa de Loera a quién rendía cuentas o de quien recibía la instrucción, respondió que del Fiscal General del Estado, en ese momento César Augusto Peniche, bajo las órdenes del gobernador Javier Corral.
El homicidio de uno de los detenidos
Otro de los detenidos fue César Fernando Molina Barraza, -primo de Jassiel Omar Molina Ceballos- a quien los agentes del Ministerio Público le ofrecieron eliminar las acusaciones de secuestro en su contra mediante una compensación económica. Fue trasladado a juicio en Parral, donde enfrentó acusaciones de asesinato. Sin embargo, en una audiencia, no fue reconocido como el presunto perpetrador y fue puesto en libertad.
En contacto con los imputados, Molina Barraza tenía la intención de testificar sobre los verdaderos eventos de su detención junto con Germán Loera, Jazziel, Juan Alfonso y Jesús Arnulfo. No obstante, tres meses después de su liberación, fue víctima de homicidio tras ser sometido a una brutal tortura, de la que no hubo mayor investigación por parte de la Fiscalía del Estado.
Tras su muerte, el Ministerio Público eliminó el nombre de César Fernando Molina Barraza del expediente 312/2018, negando su detención junto con su primo Jazziel, y los demás. Sin embargo, el perito Cutberto Claudio reveló en una diligencia dentro de la carpeta de investigación que Molina Barraza sí figuraba entre los detenidos. Este hecho expuso las inconsistencias dentro del manejo de la información bajo la responsabilidad de César Augusto Peniche.
Durante el juicio oral, a pesar de que la defensa solicitó en múltiples ocasiones la comparecencia del perito Cutberto Claudio como testigo, el ministerio público inicialmente se opuso alegando que el perito estaba enfermo de cáncer y merecía respeto por sus años de servicio. Entonces la defensa insistió en llevar a cabo la audiencia mediante videoconferencia desde el domicilio del perito. El tribunal, al principio, aceptó y se hicieron las gestiones necesarias; sin embargo, de manera sorpresiva y sin justificación aparente, el tribunal cambió de opinión en el último momento y negó injustificadamente a la defensa la oportunidad de entrevistar a dicho testigo.
Las pruebas incorporadas en la denuncia “por delitos de tortura y operar en contra del adecuado desarrollo de justicia” interpuesta por la defensa de Germán Loera y de sus cinco coacusados en contra del exgobernador Javier Corral Jurado exponen, por una parte, la fabricación de la culpabilidad de los imputados; pero por otra, generan la duda sobre el secuestro de la abogada Thania Medina.
