El exsecretario de Seguridad pública, Genaro García Luna, usó su último recurso de pedir clemencia al juez, días antes de la sentencia.
Genaro García Luna envía una carta de clemencia al juez Brian Cogan, en la que mezcla historias sentimentales sobre su familia con imprecisiones sobre su trayectoria en la carrera policial.
Por Guadalupe Lizárraga
Nueva York. — Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública de México durante el gobierno de Felipe Calderón, ha hecho pública una carta de cinco páginas dirigida al juez Brian Cogan en el marco del caso 1:19-cr-00576-BMC, en el que enfrenta acusaciones de narcotráfico, conspiración contra Estados Unidos y de mentir a agentes federales. La misiva, que presenta faltas de ortografía y una redacción deficiente en español, sellada como Document 271-1 #17235 y registrada el mismo día de su difusión en redes sociales, es el último recurso que un preso tiene antes de recibir la sentencia: pedir clemencia al juez.
En su carta, García Luna hace un llamado al juez Cogan para que considere su trayectoria como servidor público en México y destaca sus lazos familiares, señalando el impacto emocional que su privación de libertad ha tenido en sus dos hijos, quienes son estudiantes de maestría en universidades estadounidenses y que, según su aclaración, se encuentran «becados» y se movilizan en transporte público.
Enfatiza que su conducta durante los cinco años de prisión ha sido «intachable», pese a que la Fiscalía de Nueva York lo acusó de intento de soborno hasta con 2 millones de dólares a un recluso para que mintiera en sus declaraciones. También la fiscalía lo acusó de haber hecho declaraciones falsas sobre sus vínculos con el crimen organizado durante interrogatorios por parte de las autoridades estadounidenses.
García Luna destaca en la carta al juez su labor como maestro de General Educational Development (GED), un programa de certificación que permite a personas que no completaron su educación secundaria obtener un diploma equivalente en Estados Unidos y Canadá. Alude a su participación en programas de prevención de drogas, y señala que se mudó a Estados Unidos buscando “mejorar su vida y la educación de sus hijos”, por lo que las acusaciones en su contra son «inconcebibles», dado su perfil profesional. Ingeniero de formación con una maestría en economía y negocios, afirma haber sido “el mexicano con más reconocimientos y condecoraciones en estos países por el combate al terrorismo y narcotráfico”.
Uno de los premios a los que se refiere el exfuncionario implícitamente en su carta fue el de Administración Pública INNOVA, otorgado por única vez en noviembre de 2005, por “resolver secuestros en tiempo real”. Este reconocimiento se le otorgó cuatro meses después de la fabricación del secuestro de Hugo Alberto Wallace, en complicidad con Isabel Miranda Torres, quien desde 2001 colaboraba con él bajo entrenamiento para acompañar a víctimas de secuestro.
En diciembre de 2005, también ordenó la detención arbitraria de Israel Vallarta Cisneros e incriminó falsamente de secuestro a la ciudadana francesa Florence Cassez, un montaje de Televisa y su empleado Carlos Loret de Mola, que grabó la tortura a Israel en complicidad con el empresario en tecnología de inteligencia Eduardo Margolis Sobol, a quien daba poder discrecional para actuar contra sus enemigos. Parte de los privilegios que García Luna concedía a Margolis era poner a su servicio a policías federales, entre éstos, a Luis Cárdenas Palomino, exdirector de la Policía Federal, actualmente en prisión mexicana señalado de delitos de corrupción, tortura y fabricación de pruebas. Otros policías bajo el mando de Margolis puestos por García Luna fueron Porfirio Sánchez Mendoza y Rolando Mayorga Cordero, acusados de tortura y fabricación de delitos en el caso de George Khoury Layón.
La vida que no es de García Luna contada al juez
Genaro García Luna inició su carrera en el servicio público mexicano en 1989, recomendado por el expresidente Carlos Salinas de Gortari. En 2001, asumió la dirección de la Agencia Federal de Investigación (AFI), creada para combatir el crimen organizado y el narcotráfico, como parte de la Secretaría de Seguridad Pública, después de que un grupo de académicos, abogados y periodistas coordinados por Eduardo Medina Mora avalaron que el CISEN no había sido infiltrado por el narcotráfico. Esto logró la aprobación oficial del presupuesto para la creación de la AFI de la que García Luna fue el titular. A partir de entonces, la fabricación de culpables fue una política de gobierno en simulación de la eficiencia policial.
En contraste con estos hechos, en su misiva, García Luna escribe al juez que cuando tuvo la responsabilidad de combatir el narcotráfico “fue implacable” contra los criminales. Y que toda la vida de su familia y la de él es pública, «…en nuestra forma de vida no hay excesos, no hay abusos, nuestra conducta en la sociedad siempre ha sido respetuosa y fraterna con la gente que lo necesita, en nuestra historia de vida no hay un registro o antecedente de contado o vínculo con algún criminal…».
En su misiva, García Luna se queja por las “condiciones infrahumanas” que ha enfrentado en prisión, incluyendo su aislamiento tras contagiarse de COVID-19. También menciona haber sido víctima de «amenazas sistemáticas» y describe ser testigo de la violencia entre reclusos.
Al final de su carta de clemencia, García Luna formula acusaciones contra el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmando que ha desmantelado el Poder Judicial a través de reformas destinadas a encarcelar a quienes combaten a sus aliados políticos vinculados al narcotráfico. Esta crítica en su misiva la hace en el contexto de sus propias acciones durante el mandato de Felipe Calderón.
A pocos días de conocer su sentencia, García Luna concluye pidiendo al juez que le permita regresar con su familia lo antes posible.
