– La diputada del PAN aseguró que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador solo busca desestabilizar a los estados que no se sumaron a sus políticas, afectando tanto a trabajadores del sector, como a la ciudadanía.
Chihuahua, Chih.- La diputada Isela Martínez Díaz lamentó la decisión arbitraría de la Federación al despedir a alrededor de 160 trabajadores de la salud pertenecientes al IMSS-Bienestar en el estado de Chihuahua, ya que este tipo de acciones afecta tanto al personal de salud, como a la calidad de la atención médica, lo cual es inaceptable.
La legisladora de Acción Nacional destacó que Chihuahua, al igual que otros siete estados de la República Mexicana, no se encuentra adherido al esquema del Gobierno Federal «IMSS-Bienestar», motivo por el que las autoridades federales aseguran que estas personas no se encuentran incluidas dentro del proceso de basificación.
Asimismo, explicó que resulta preocupante que dichos despidos se realicen en entidades gobernadas por partidos de oposición a MORENA, ya que es una muestra de que estas importantes decisiones se realizan al calor de motivaciones políticas, cuando la salud de la población no debe ser utilizada como moneda de cambio en disputas partidistas.
Martínez Díaz señaló que a pesar de que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador reculó en su decisión y extendió el contrato de estos trabajadores al segundo trimestre del año, resulta inadmisible que la Federación busque culpar al Gobierno de Chihuahua por estos despidos al indicar que el no estar adheridos al esquema “IMSS-Bienestar”, limita la posibilidad de que se destinen recursos federales para el sector salud chihuahuense.
La diputada destacó que la administración de la Gobernadora María Eugenia Campos Galván ha realizado enormes esfuerzos para garantizar el acceso a servicios médicos para las y los chihuahuenses, y decisiones como las que realiza el Gobierno Federal colocan una fuerte carga en los gobiernos locales con el único fin de amedrentar a los estados que no se unan a sus políticas, a través del condicionamiento de recursos que deben ser entregados en beneficio de la ciudadanía y no del partido en el poder.