La Fabricación de delitos en México por parte de los agentes de las instancias de procuración de justicia es una práctica común y sin sanción.
Por Néstor Troncoso
La fabricación de delitos es una práctica común en México, tan común que ya se ha vuelto una costumbre. Las fiscalías de justicia no investigan, no están comprometidas con las víctimas y son parciales, por eso la fabricación de delitos en México es una práctica constante. También conocida como «fabricación de pruebas» o «montaje de delitos», es una práctica ilegal y altamente censurable en cualquier sistema legal. Implica la manipulación de pruebas, testimonios falsos, detenciones arbitrarias y otras acciones ilegales por parte de agentes de la ley o funcionarios públicos con el fin de incriminar a una persona inocente.
La gravedad de todo esto es que la mayoría de las situaciones las autoridades detienen arbitraria y aleatoriamente a uno o más ciudadanos para imputarles delitos que no cometieron. La finalidad que persiguen en este tipo de actos es justificar las acciones de arbitrarias mostrando personas detenidas, aunque estas sean inocentes, con la finalidad de simular un combate ficticio a la investigación y persecución del delito.
Con respecto a lo anterior, hemos buscado estudios que nos puedan señalar algo acerca del tema de la fabricación de delitos en México encontrando que en su último reporte el Índice de Estado de Derecho en México, elaborado por World Justice Project (WSP), estableció que el país alcanzó un promedio nacional de 0.36, siendo 1 la calificación más alta. También consultamos las cifras oficiales del gobierno mexicano y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; en nuestro país se registraron 22,839 casos de extorsión desde 2015 hasta enero de 2019. Se reportaron también 2,173,220 presuntos delitos registrados en el periodo enero – diciembre 2023 en todo el territorio mexicano.
Manipulación de pruebas
En la actualidad son muy diversos los casos en los que se ha demostrado la manipulación del lugar de los hechos, responsabilizando de estas acciones a las autoridades primeras respondientes o los peritos encargados de recolectar los indicios. Estas maniobras, en la mayoría de las ocasiones, tienen que ver con órdenes directas de superiores jerárquicos, involucran desde el policía hasta los técnicos y profesionales encargados de examinar cada dato de prueba. Como se dice en el argot del interior de las fiscalías; “se les cuadra bien en el delito” para que los agentes del ministerio público presenten ante el juez un caso en el que las pruebas han sido manipuladas para que el ministerio público tenga todo su favor.
Lo anterior se acredita en diversas carpetas de investigación de Tamaulipas a las que he tenido acceso, que fueron abiertas a los habitantes del ejido Buena Vista del municipio de Hidalgo y se puede observar muy claramente cómo es que el delito que se les está imputando a las personas son delitos fabricados, todo por órdenes de presidentes municipales, diputados o algún otro funcionario influyente, quienes a la vez son miembros de algún cartel.
Partiendo de la experiencia personal en el ámbito del litigio, me consta que los abogados postulantes conocen muy bien esta problemática, ya que cotidianamente es contra lo que tienen que luchar. En la mayoría de los casos que representan, el litigio consiste en acreditar la ilegalidad de las pruebas o las falsas declaraciones con testigos aleccionados. Además, desde mi experiencia, difícilmente se enfrenta con un ministerio público con un poco de sensibilidad humana, que realmente haya investigado el delito. Normalmente los litigantes suelen enfrentarse con un ministerio público que busca ganar el caso, cuya finalidad es destacar en su trayectoria dentro de la institución o quedar bien con su superior jerárquico.
Desde esta posición, las fiscalías tienen toda la ventaja ante los defensores públicos o particulares, ya que son quienes ordenan bajo su responsabilidad los actos de investigación necesarios y pertinentes para esclarecer la comisión de un posible delito. El litigante a la vez se tiene que convertir en un defensor de los derechos humanos y enfrentar a las autoridades del gobierno en turno, porque además esto es parte de la facultad del litigante, denunciar autoridades.
En otro contexto, los peritos normalmente son trabajadores en la fiscalía, compañeros, amigos o le deben el puesto a algún político o a un alto funcionario de la misma fiscalía, es por eso que tienen que obedecer órdenes, faltando con esto a toda ética profesional. Además de llegar a cometer delitos para favorecer de manera conveniente a alguna persona, en otros casos se trata de manipular las pruebas de tal manera para que el ministerio público presuma cada resuelto un caso sin importar que una persona inocente sea señalada por una autoridad judicial como culpable.
En los casos en los que me ha tocado ser víctima del delito, sobre todo en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, la cual es la encargada de dirigir, coordinar y supervisar investigaciones y perseguir delitos contra la libertad de expresión, he presentado algunos datos de prueba como el de presentar alguna pericial en psicología a fin de acreditar algún daño, inocencia o culpabilidad de alguna persona. De manera inmediata el ministerio público solicita un metaperitaje, el cual en realidad debería de llamarse contra peritaje, ya que este se ocupa de desacreditar la pericial presentada por la defensa antes de llegar ante una autoridad judicial. Por esta y otras experiencias.
Lo anterior es una práctica muy común en la fiscalía especializada para la atención de delitos cometidos en contra de la libertad de expresión (FEADLE); esto se puede documentar a través de las cifras oficiales, la agresión contra periodista va en aumento, mientras que según datos proporcionados por la organización francesa en México, artículo 19, en esta fiscalía solamente se resuelve el 1% de los casos denunciados.
Pruebas periciales en psicología manipulada
Estas manipulaciones se dan mucho en las pruebas psicológicas, en que las víctimas presentan un estudio en psicología que acreditan los daños sufridos como consecuencia de un hecho perpetrado en su contra, como un posible secuestro. En esos casos, el ministerio público, sobre todo en el ámbito federal, solicita a un experto en psicología que trabaje dentro de la fiscalía y explique si el peritaje presentado por la víctima reúna los requisitos de ser un peritaje. La respuesta que da el psicólogo de la fiscalía es obvia y lógica; estas opiniones técnicas están destinadas a desestimar el material presentado por la víctima, quien termina siendo victimizada por segunda ocasión, ahora por la fiscalía.
Otra conducta de los ministerios públicos con respecto a la fabricación de delitos es que las pruebas periciales no solamente las desestiman, sino que también las ocultan, manifestando a las personas que las solicitan que el departamento de periciales no se las llevó y que las va a volver a solicitar. En estos casos, son muy comunes la manipulación de los videos de las cámaras en C5, los cuales tienen un término para conservarse dentro de los archivos de la institución de monitoreo, y al paso del tiempo quedan eliminados, situación que aprovecha el ministerio público para justificar su inacción, terminando por desaparecer toda prueba que pudiera ayudar a la víctima o incriminar al responsable.
Las fiscalías de justicia no investigan, no están comprometidas con las víctimas y son parciales, por eso la fabricación de delitos en México es una práctica constante, acusó la secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, Nestora Salgado García, manifestación realizada desde el Senado de la República, el día 23 de agosto de 2023. Al inaugurar el foro Fabricación de culpables organizado por la periodista Guadalupe Lizárraga.
Testimonios de víctimas
La senadora Nestora Salgado enfatió en el foro: «Vivimos en un país donde estos órganos de procuración de justicia usan su poder para incriminar a inocentes y destruir la vida de personas y de sus familias». Consideró que las detenciones arbitrarias son cotidianas e ironizó que estas prácticas llevan la marca de Hecho en México, porque pareciera que eso es lo que se exporta al mundo como si fuera parte de nuestra democracia.
Por su parte, la periodista independiente Guadalupe Lizárraga, quien se ha especializado en el tema de las detenciones ilegales, manifestó que la fabricación de culpables inició tras la creación del Centro de Investigación Nacional de Seguridad Pública (Cisen) y que con la detención de Genaro García Luna en Estados Unidos se evidenció que el combate contra el narcotráfico fue una simulación.
En el contexto de México, lamentablemente, ha habido casos documentados de fabricación de delitos a lo largo de los años. Estos casos han generado preocupación y críticas tanto a nivel nacional como internacional, ya que socavan el Estado de derecho, los derechos humanos y la confianza en el sistema de justicia.
Objetivos de la fabricación de delitos
La fabricación de delitos es un término utilizado para describir prácticas ilegales en las que las autoridades o individuos manipulan pruebas, testimonios o situaciones para incriminar a personas inocentes en delitos que no han cometido.
1. Obtener confesiones: Uno de los objetivos de la fabricación de delitos en México es obtener confesiones falsas de personas inocentes. Esto puede ocurrir a través de coacción, tortura o amenazas, con el fin de incriminar a alguien en un delito y cerrar rápidamente un caso sin una investigación exhaustiva.
2. Encubrir la corrupción: En algunos casos, la fabricación de delitos puede ser utilizada para encubrir la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad o del sistema judicial. Esto implica la manipulación de pruebas o testimonios para proteger a personas involucradas en actividades ilegales o para desviar la atención de casos de corrupción.
3. Cumplir con objetivos políticos: En ocasiones, se ha alegado que la fabricación de delitos se utiliza como una herramienta para perseguir o desacreditar a opositores políticos. Esto implica la manipulación del sistema de justicia penal para criminalizar a aquellos que representan una amenaza o una voz disidente contra el gobierno o sus intereses.
4. Presión y chantaje: La fabricación de delitos también puede emplearse como una forma de presión o chantaje contra personas específicas. Esto puede estar dirigido a individuos con recursos, influencia o información sensible, con el objetivo de obtener beneficios personales, políticos o económicos.
5. Estadísticas y percepción de seguridad: En algunos casos, la fabricación de delitos puede tener el propósito de inflar las estadísticas de delincuencia y crear la percepción de que se está combatiendo eficazmente la criminalidad. Esto puede ser utilizado por las autoridades para demostrar resultados positivos en la lucha contra el crimen y mantener el apoyo público.
Es importante destacar que la fabricación de delitos es una práctica ilegal y viola los derechos fundamentales de las personas. Estas acciones erosionan la confianza en el sistema de justicia penal, obstaculizan la búsqueda de la verdad y pueden tener consecuencias graves para los individuos afectados. Estos casos pueden implicar a agentes de la ley, funcionarios gubernamentales o cualquier persona con autoridad que busque incriminar a alguien por motivos políticos, personales o económicos. La fabricación de delitos es una violación grave de los derechos humanos y del debido proceso.
Para combatir esta práctica y asegurar la justicia, es crucial tener sistemas judiciales transparentes, independientes y eficaces que puedan detectar y prevenir este tipo de abusos. También es importante que haya medidas de rendición de cuentas para aquellos que estén involucrados en la fabricación de delitos. De lo contrario, las víctimas seguirán optando por no denunciar, ya que esto les puede causar más problemas; normalmente son revictimizadas y en algunas ocasiones se les hace sentir culpables de que se haya perpetrado algún delito en su contra.