La periodista Cinthya Alvarado Enríquez denunció el hackeo de su WhatsApp, una práctica muy común entre periodistas de México.
El Estado mexicano presuntamente paga 33 millones de dólares para espiar perfiles en redes sociales, pero no puede evitar el hackeo de cuentas de WhatsApp.
WhatsApp es una de las redes más vulnerable, especialmente entre los periodistas.
Por Cinthya Alvarado Enríquez
– ¿Es usted Cinthya Alvarado Enríquez?
– Sí, ¿Quién llama?
– Es para entregarle un paquete. ¿Me puede confirmar su dirección?
– Pero, ¿Quién envía ese paquete? ¿De qué paquetería es?
– Su número es… ¿Vea su WhatsApp, ahí le estamos enviando los datos?
Acto seguido, al leer en voz alta los números que aparecen de inmediato al abrir WhatsApp, la aplicación se cierra y ya no se tiene acceso a ella, confirmando el temor de haber sido hackeado.
Diariamente, muchas personas en México son víctimas del hackeo de sus cuentas de WhatsApp. Según la Universidad Autónoma de Guadalajara, «el secuestro de WhatsApp se ha convertido en una modalidad delictiva, en la que, mediante la utilización del código de verificación del teléfono, se puede realizar una copia de esta red social y acceder a la información de las personas, así como a la de sus contactos».
A esta periodista, Cinthya Alvarado, le hackearon su cuenta de WhatsApp y enviaron a todos sus contactos (más de 4,500) mensajes solicitando préstamos de 2,000, 6,000 y 9,000 pesos, a depositar en una cuenta de otra persona, bajo el pretexto de que «es alguien a quien debo pagarle».
En el momento del hackeo no hay forma inmediata de recuperar la cuenta. La persona debe enviar un correo electrónico a [email protected] explicando: nombre completo, número conectado a WhatsApp, narrativa de los hechos, capturas de pantalla que evidencien la falta de acceso a la app, y solicitar la cancelación de la cuenta o su aseguramiento, indicando si ya se realizó la denuncia ante la policía cibernética. Para contactar a la policía cibernética, se debe llamar al 088.
Al llamar al 088, contesta la Guardia Nacional, a quien se deben proporcionar todos los datos para generar un folio. Posteriormente, el oficial de la GN transferirá la llamada a un policía cibernético, a quien se debe repetir la situación. El policía cibernético explicará que dar datos personales y abrir WhatsApp para repetir la clave es algo común que aprovechan los hackers, y luego indicará que se haga el reporte al email de Meta-WhatsApp.
Resulta frustrante y preocupante que, aunque la periodista pidió a sus contactos seguir la corriente de los suplantadores pidiendo un préstamo, quienes proporcionaron un número de cuenta, nombre y banco donde se debía depositar, las capturas de pantalla y los datos proporcionados a la GN en el 088 no sirvieron de nada. Los oficiales no volvieron a transferir la llamada a la policía cibernética, pretextando que ya no podían enlazar debido a la gran cantidad de llamadas. El número de operador de la persona de la Guardia Nacional fue 196477, según su propia identificación.
En tres ocasiones, la periodista solicitó lo mismo y la respuesta fue: «usted ya fue atendida, ya tiene su folio, ya recibimos los datos que proporcionó, ahora debe esperar a que Meta resuelva su email, tenemos saturación de líneas, debe dar lugar a que podamos atender a otros».
La pregunta que surge en contraste es: ¿Cómo es posible que el Estado mexicano haya pagado presuntamente 33 millones de dólares a NSO Group por el software de espionaje Pegasus y no haya desarrollado un protocolo para cancelar de inmediato las cuentas hackeadas, ni un seguimiento rápido para bloquear o congelar las cuentas bancarias donde se pide depositar dinero a las víctimas?
Se supone que la policía cibernética tiene acceso a tecnologías que permiten la solución de estos delitos que se cometen en minutos, mientras los criminales cuentan con tecnología digital que les permite acceder a bases de datos y enviar mensajes simulando pedir dinero en segundos, y que efectivamente reciben depósitos. ¿Por qué el presidente Andrés Manuel, la virtual presidente electa y todo el equipo de su gobierno y partido están más enfocados en politizar el aparato de justicia, contrario a todo orden y noción jurídica y de las ciencias del Derecho, incluyendo la Constitución Política Mexicana, pero no han sido capaces de establecer este tipo de contención contra la ciberinseguridad?
El 21 de julio de 2021, en un punto de acuerdo del Senado de la República, el Senador Damián Zepeda Vidales solicitó al entonces presidente de la mesa Directiva, Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, obligar al Estado mexicano a dar respuesta a las preguntas en relación a la compra o renovación de contrato con la empresa israelí por el programa Pegasus, aclarar costos y aplicaciones, y además desentrañar las denuncias que, con evidencias y estudios, señalaban que periodistas y políticos estaban siendo espiados a través de dicho programa cibernético. No hubo respuesta. Al igual que hoy, el Estado mexicano y el gobierno de Morena han fracasado en su responsabilidad de proveer seguridad a los mexicanos, pero continúan espiando a quienes consideran sus oponentes o críticos, mientras abrazan a los delincuentes.