La desconfianza de los mexicanos en los jueces y magistrados es común en todo el país. No hay variaciones regionales.
Los jueces y magistrados reportan un prestigio social negativo, como resultado de los bajos índices de confianza y altos índices de quienes los perciben como corruptos.
Por Rodolfo Soriano-Núñez
Los mexicanos, como los ciudadanos de otros países encuentran difícil confiar en sus jueces y magistrados. La desconfianza en los sistemas de justicia no es un fenómeno nuevo en sí mismo. De hecho, a escala global se vive una suerte de erosión de la confianza en los jueces de la que era muy difícil que los mexicanos pudiéramos abstraernos.
Los datos que se presentan en este texto dejan ver el alcance de la crisis de confianza en los jueces y magistrados del país. Esta crisis de confianza es relevante porque el gobierno del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha hecho del ataque a los jueces, magistrados y ministros de los poderes judiciales de los estados y del de la Federación una de las constantes de las actividades que desarrolla cada mañana en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
Además de atacar a los jueces que toman decisiones que no son del agrado del presidente, López Obrador ha hablado frecuentemente de la necesidad, como si fuera el único mecanismo para resolver esa crisis de confianza, de «elegir a los jueces».
Ese es un mecanismo que efectivamente se usa en algunos países, aunque no es frecuente en América Latina. En nuestra región sólo Bolivia ha llevado adelante, hace poco más de diez años, una reforma en ese sentido.
En un texto publicado luego de que López Obrador presentara datos que de manera engañosa querían justificar esa propuesta de elegir jueces, se dio cuenta de algunos de los problemas de la propuesta del actual presidente que sigue siendo posible que se materialice si el Movimiento de Regeneración Nacional lograra una mayoría calificada o «super mayoría» en las elecciones legislativas que habrán de celebrarse el próximo 2 de junio. Ese texto está enlazado inmediatamente después de este párrafo.
La crisis de confianza no es exclusiva del Poder Judicial o, para usar la categoría de la que habla el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI, de los «jueces y magistrados», pero es claro que es uno de los actores más afectados por esta crisis, con la excepción de las policías, de los partidos políticos, de los diputados y senadores y de los fiscales o ministerios públicos.
El problema es que dado que los diputados y senadores, que son electos, acusan problemas similares a los de los «jueces y magistrados» en la misma Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del INEGI, se antoja difícil que la solución al problema de confianza en los «jueces y magistrados» pueda venir de elegirlos. Si la elección de funcionarios resolviera ese tipo de problemas, entonces no se puede explicar el resultado que la misma ENCIG reporta para los diputados y senadores.
En dos entregas previas de esta serie se han analizado los datos correspondientes a las, así llamadas, “instituciones religiosas” y al “Ejército y la Marina”, que son las categorías que la identifica en ese proyecto.
A diferencia de las jerarquías religiosas, consideradas en la primera entrega de esta serie, enlazada inmediatamente después de este párrafo, que resuelven mayormente sobre el acceso a bienes simbólicos, culturales, como la salvación o una bendición, los “jueces o magistrados” resuelven cuestiones materiales.
Es un hecho que las jerarquías religiosas pueden llegar a decidir sobre el acceso a bienes materiales, como en el caso de las becas, parciales o totales, que puedan llegar a otorgar las escuelas afiliadas a cada institución religiosa, pero la asistencia a esas escuelas es siempre optativa. Nadie debe acudir a esas escuelas o a un hospital gestionado por una organización religiosa.
El miércoles de esta semana se publicó la segunda entrega de esta serie sobre ENCIG dedicada al «Ejército y la Marina». Más allá de la información contenida sobre esas dos instituciones vinculadas a las secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina-Armada de México del Poder Ejecutivo Federal, esa entrega previa, que se vincula inmediatamente después de este párrafo, ofrece algunos detalles metodológicos sobre ENCIG que vale la pena tener en mente, como el de las preguntas que se hicieron a las personas que participaron en la encuesta.
En materia metodológica sólo se agregará que en 2017 la encuesta se levantó del 6 de noviembre al 15 de diciembre de aquel año. En 2021, se hizo del 1 de noviembre al 16 de diciembre y, en 2023, entre el 30 de octubre y el 15 de diciembre de ese año. En cada edición de esta encuesta, INEGI visitó 46 mil hogares para dar forma a una encuesta muy robusta, quizás las más robustas que se hacen en México en la actualidad.
El páramo de la justicia
En esta última entrega de esta serie se considera el caso de los “jueces y magistrados”. La categoría en sí misma es equívoca, pues jueces hay en los ámbitos federal y estatal. Es un arco que va desde los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sólo resuelven los casos que llegan a sus manos luego de un procedimiento complejo, difícil de explicar en un párrafo, hasta los llamados “jueces de paz”, que—además—tienen facultades con algunas variaciones de estado a estado.
En Yucatán, por ejemplo, un juez de paz conoce asuntos “cuya cuantía no exceda de doscientas unidades de medida y actualización en aquellos municipios de hasta cinco mil habitantes, y de quinientas unidades de medida y actualización, en aquellos municipios con habitantes de más de cinco mil habitantes”.
En Baja California, en cambio, el concepto de juzgado de paz es mucho más complejo. Hay jueces civiles de paz y jueces penales de paz y en cada categoría se tienen que cumplir con requisitos muy distintos para poder participar de los procesos que, en principio se asume que pueden ser menos barrocos que los de otras instancias del sistema de justicia.
En ese sentido, uno debe tener claro que cuando la ENCIG pregunta por la confianza o la percepción de corrupción en “los jueces y magistrados” está haciendo una pregunta que parece sencilla, pero que obliga a quien responde a simplificar algo muy complejo.
Ello es más importante porque, a diferencia de lo que pueda ocurrir con un obispo católico o mormón o con un coronel del Ejército o un capitán de la Marina, las decisiones de los jueces o magistrados tienen peso de ley, pueden incluir el pago de multas o el perder la libertad, así como otras de orden simbólico, como el honor o el prestigio de los involucrados en algún litigio.
También, a diferencia de la categoría “el Ejército y la Marina”, considerada en la entrega previa de esta serie, cuando se pregunta por “jueces y magistrados” no se habla de instituciones que resuelven trámites relativamente sencillos, que se hacen una vez en la vida, que sólo afectan a menos de la mitad de la población del país, como en el caso de las cartillas del Servicio Militar Nacional y que cuando ocurre un desastre se presentan con equipo para rescatar víctimas o entregan alimentos a la población.
Los “jueces y magistrados” son figuras públicas que ejercen de manera muy concreta grandes cuotas de poder sobre la vida de personas, de familias e incluso de comunidades enteras que pueden verse afectadas por sus decisiones.
A ello deben agregarse problemas asociados al desarrollo del sistema jurídico mexicano. Se trata de fósiles jurídicos que lejos de ayudar a que la justicia sea expedita, hacen que un mismo asunto se debe litigar hasta el hartazgo en tribunales, gracias a figuras como la llamada Cláusula o Fórmula Otero.
Esa Fórmula Otero hace que un mismo asunto, el que sea, deba litigarse repetidas veces en distintos tribunales e incluso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El estamento judicial mexicano la justifica apelando a una cierta idea de la separación de poderes. De esa manera se evita, se nos dice a quienes no somos funcionarios del Poder Judicial, que se evita que ese poder legisle y, al hacerlo, invada áreas o atribucionesl del Legislativo.
Sin embargo, la experiencia es que es un mecanismo que en los hechos demuestra que en México la justicia funciona para satisfacer los intereses de quienes tienen el dinero para pagar los servicios de costosos bufetes de abogados y no para evitar conflictos o, mejor aún, para evitar que ocurran injusticias.
Es con este telón de fondo que uno debe acercarse a la realidad devastadora, un verdadero páramo, que arroja la ENCIG cuando pregunta acerca de la confianza y de la percepción de corrupción de los “jueces y magistrados”.
La (des)confianza en los jueces
Lo que sigue es la dolorosa descripción de un país que no confía en quienes deberían ser los funcionarios de gobierno con más confianza. No es posible distraer el análisis para realizar una comparación sistemática con otros países. Baste considerar que, por ejemplo, a finales del siglo pasado, la Encuesta Mundial de Valores reportaba índices de confianza o mucha confianza en los sistemas de justicia de algunos países de Europa muy por encima del 50 por ciento de sus poblaciones.
Eran países que venían de las experiencias del comunismo real, como Polonia o la República Checa, o que todavía en los setenta del siglo pasado estaban sometidos a algún tipo de régimen autoritario como España, con Francisco Franco, o Portugal, con António de Oliveira Salazar, los que reportaban los índices más bajos de confianza en sus sistemas judiciales.
Como se puede ver en la gráfica que aparece inmediatamente después de este párrafo, Suecia, Alemania, Finlandia, Suiza, Austria, Noruega y Dinamarca, reportaban todos valores por encima del 60 por ciento.
Incluso en Irlanda del Norte, una región europea que había salido recién entonces de una etapa de intenso conflicto civil, con gran número de hechos de terrorismo, el índice de confianza en el sistema judicial acariciaba el 50 por ciento del total.
Los datos de España misma, bajos en esa comparación con el resto de Europa, deben observarse a la luz de su propia lucha contra el terrorismo, así como contra el legado autoritario del franquismo que apenas se había extinguido a finales de los setenta.
En ese sentido, los números que se observan en México, 20 años después dejan ver qué tan difícil es la situación de un país en el que no se confía en quienes más se debería confiar, en quienes son responsables de impartir justicia.
Aunque hay estados como Yucatán que se acercan a lo que ocurría en España hace 20 años, el promedio nacional para 2017, de 31.7 puntos deja ver una situación de profunda desconfianza en los jueces y magistrados del país.
Hacia 2021 la situación había mejorado al reportarse un promedio de poco más de 40 puntos, pero la Ciudad de México, la entidad con los mayores índices de urbanización, escolaridad e ingreso del país, seguía anclada en un valor inferior al promedio nacional de 31 puntos, como se puede en el mapa que aparece a continuación y, más adelante, con mayor detalle en la gráfica de barras que le acompaña.
Conviene destacar de la gráfica de barras que la segunda entidad con la menor confianza en los «jueces y magistrados» en México no fue una de las más pobres del país. Fue Baja California, que es una de las más prósperas de la república.
Dos años después, en 2023, la situación lejos de mejorar mostraba un muy pequeño retroceso, imperceptible en más de un sentido, pero retroceso al fin.
Una vez más, luego de la Ciudad de México, en el segundo lugar con el menor índice de confianza en los «jueces y magistrados» aparece Baja California, como se puede ver en el mapa previo y en la gráfica que aparece inmediatamente después de este párrafo.
De hecho, contra todas las hipótesis de las teorías de la modernización del siglo XX, en México, en 2023, eran estados con grandes contingentes de su población en situación de pobreza, como Guerrero o como residentes de zonas rurales, como Nayarit, los que expresaban mayor confianza en los «jueces y magistrados» según el recuento que ofrece INEGI en su instrumento.
Percepción de corrupción
Como ocurrió con los otros actores considerados en las entregas previas, la situación en materia de corrupción es casi el reverso de la moneda de la situación en materia de confianza.
En 2017, a escala nacional, como se puede ver en el mapa que aparece inmediatamente antes de este párrafo, hay una percepción de corrupción de más de 70 puntos. Esa percepción se agudiza, además, en la Ciudad de México que no es la que reporta una mayor percepción de corrupción. Eso lo hace Puebla, pero la Ciudad de México es la que reporta el segundo peor dato en este indicador como lo confirma la gráfica de barras que aparece inmediatamente después de este párrafo.
La situación mejora un poco cuatro años después, de nuevo, de manera casi imperceptible, pero Jalisco y la Ciudad de México las dos entidades con las zonas urbanas más importantes del país eran las que más percibían la corrupción de los jueces y magistrados.
Que sea así contradice lo que uno podría suponer que debería ocurrir, que sean las zonas más urbanizadas, con mayor escolaridad e ingreso, las que tengan mayor confianza y donde se perciba menos la corrupción. No es así, como se puede ver en la gráfica de barras que aparece inmediatamente después de este párrafo.
Debe señalarse, sin embargo, que una de las entidades que reporta menores valores en esta estadística es Nuevo León que, también tiene un muy alto grado de urbanización, es la primera o segunda más próspera de todo el país y tiene muy alta escolaridad, similar en todo a las que se observan en Ciudad de México o Jalisco.
En ese sentido no es posible asumir que haya una correlación entre la percepción de corrupción de los «jueces y magistrados» y los indicadores más frecuentemente asociados a la modernización de sociedades como la mexicana.
Dos años después, en 2023, como se puede ver en el mapa y la gráfica siguientes, hay otra ligera mejora, y aunque ya no es Jalisco la entidad donde se percibe más la corrupción de jueces y magistrados, pues ese año el “honor” correspondió a Puebla, la Ciudad de México vuelve a aparecer en segundo lugar.
Además de que la presencia de Nuevo León, una vez más, como la entidad que reporta el menor índice de percepción de corrupción de «jueces y magistrados» confirma que no es posible asumir una correlación en ese sentido, también lo hace el que aparezca ahí Sonora, otra entidad del norte, próspera, con una mayor proporción de su población en zonas rurales que Nuevo León pero con alta escolaridad.
En total, la mejora es de menos de cuatro puntos en total en seis años. Es una situación desoladora por donde se le vea que refleja el temor y la desesperación con la que los mexicanos enfrentamos cualquier interacción con los jueces y magistrados de los poderes judiciales federal o de las entidades de la república.
El (des)prestigio de ser juez
No debe sorprender que tan bajos índices de confianza y altos índices de percepción de corrupción se traduzcan en lo que describen los tres mapas y las tres gráficas de barras que dan cuenta del (des)prestigio de los jueces y magistrados en México.
En 2017, salvo Quintana Roo, todos los datos del cálculo de prestigio que resulta de restar al valor de la confianza el valor de la percepción de corrupción arrojan valores negativos para las 32 entidades de la república.
El cero que logra Quintana Roo contrasta, en primer lugar, con el menos 39 o 39 negativo que se logra al calcular el promedio de este indicador derivado que no es responsabilidad de INEGI sino de quien esto escribe.
Contrasta, además, con los valores reportados por Puebla y la Ciudad de México que llevan el prestigio negativo de los «jueces y magistrados» todavía más al fondo, por abajo de la barrera de los sesenta puntos negativos, como se puede ver en la gráfica de barras que aparece después de este párrafo.
En 2021 y 2023 no hay entidad de la república que rompa con ese patrón. Aunque en términos del promedio de este indicador derivado hay una mejora de doce puntos de 2017 a 2021, esa mejora ocurre a costa de que todas las entidades del país reporten números negativos en esta medida de prestigio de «jueces y magistrados».
Como resultado de los muy altos valores del indicador de percepción de corrupción, la Ciudad de México y Baja California aparecen como las entidades donde el prestigio de los jueces y magistrados se hunde más, por abajo de los 40 puntos negativos en ambos casos.
Las entidades con los mejores números son Coahuila y Yucatán, pero incluso en ambas los valores son negativos como lo son en las otras 30 entidades de la república.
En 2023, lo que se observa es un estancamiento de esta medida derivada. La Ciudad de México y Baja California repiten como las dos con la peor métrica de prestigio de los «jueces y magistrados» y Nayarit y Nuevo León aparecen, en ese orden, como las dos entidades con los «mejores» números en este tema, pero que, de todos modos, siguen siendo negativos.
La gráfica de barras que aparece después de este párrafo permite confirmar esa situación.
Y, es cierto, como se puede ver en la tabla que aparece a continuación hay algunas entidades que reportan mejoras significativas en este indicador derivado de los que genera la propia ENCIG, pero como hace ver esa tabla, así como el mapa y la gráfica de barras que corresponde a 2023, todas las 32 entidades de la república cerraron ese año con valores negativos.
Es claro que algo se mueve en los poderes judiciales de la Federación y los estados, pero no queda claro si será suficiente para evitar lo que podría ser una reforma que llevara las cosas a una situación todavía peor a la que existe ahora. Es necesario insistir en ello. Si bastara con elegir a las autoridades, no habría casos de corrupción de gobernadores o presidentes municipales.
En ese mismo sentido, los resultados de esta misma encuesta para los diputados y senadores, que son también descorazonadores, no podrían explicarse.
Los páramos regionales
A continuación se presenta la información disponible de estas tres encuestas en gráficas de líneas que dan cuenta de la situación a escala regional en los seis años que consideran las tres ediciones de esta encuesta usadas aquí.
En la región noroeste, todos los estados cierran el periodo considerado con números negativos y tanto Baja California como Durango reportan peores números en 2023 de los que tenían en 2017.
En la región noreste todos los cuatro estados que la integran presentan mejoras, pero todos se mantienen, literalmente, en números rojos.
Es una situación similar a la que reporta el Bajío donde todos los estados mejoran, pero todos se mantienen en territorio negativo.
Algo similar ocurre también en la región oriente, donde es notable la mejora de más de 30 puntos que reporta Puebla pero que, dada la pésima percepción que se tiene de los «jueces y magistrados» ahí, no le alcanza a esa entidad para salir del territorio negativo.
En la región centro, la Ciudad de México tuvo una mejora de poco más de 20 puntos, pero tampoco le fue suficiente para abandonar los números rojos.
En la región sur aunque Quintana Roo tuvo una mejora importante, tampoco le alcanza para dejar de escribir sus números con tinta roja, como tampoco es posible hacerlo en el caso de Tabasco.
El peor caso a escala nacional y en esta región es el de Chiapas, que presenta casi 40 puntos de saldo de prestigio negativo de los «jueces y magistrados», una cifra que se puede comprender cuando se consideran las historias de terror de personas que pasan décadas «en prisión preventiva» en ese estado sin que haya quien les ofrezca a ellos o a sus familiares alguna esperanza de justicia.
Ideas finales
Como en entregas previas de esta serie, se presentan al final un mapa y una gráfica de barras que resumen los cálculos obtenidos para el saldo de prestigio que, insisto, es el resultado de restar al valor reportado de la confianza en los «jueces y magistados» el valor reportado de la percepción de corrupción de esos funcionarios.
El mapa deja ver los avances logrados en Puebla y Nayarit, donde es clara una recuperación del prestigio que, de todos modos, como ya se probó previamente, no les alcanza a los «jueces y magistrados» para dejar los números rojos.
También deja ver que Baja California y Quintana Roo, los estads que ocupan los extremos geográficos del país, están hermanados en una crisis de percepción del desempeño de los «jueces y magistrados».
Cerca están también los estados de Durango, Colima y Chiapas.