· Reconocemos el diálogo con la Secretaría de Gobernación, la de Economía y los integrantes de la Cámara de Diputados para modificar la propuesta original.
· Consideramos que las nuevas condiciones aprobadas en la Cámara baja, aún no son las ideales, pues es necesario dar viabilidad al negocio minero.
· Solicitamos que el diálogo continúe con el Senado de la República para corregir detalles necesarios para darle continuidad operativa a la industria.
Desde la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) consideramos que el proyecto de Ley Minera aprobado en la Cámara de Diputados corrigió algunos puntos de la propuesta original que hacían inviable la industria en el país; sin embargo, aún requiere afinarse, por lo que exhortamos al Senado de la República a escuchar a los expertos y a las empresas mediante un parlamento abierto para que a través del diálogo y el consenso se puedan hacer los ajustes necesarios, en beneficio del sector y de la economía del País.
Es importante mencionar que la ley aprobada en la madrugada del 21 de abril, es una “nueva iniciativa” inscrita un día antes por el grupo parlamentario de Morena con la dispensa de los trámites legislativos para su análisis y votación, y avalada en fast track. Aunque retoma aspectos de la iniciativa presentada por el Presidente de la República el 24 de marzo contiene cambios, adiciona un mayor número de reformas a los artículos de distintas normas y tiene áreas de oportunidad.
Algunas de las modificaciones favorables que se establecen en la ley, es que los periodos de concesiones sean de 30 años -y no de 15 como lo que se planteaba en el proyecto original- con opción a renovarse por 25 años más, e incluso, existe la opción de una extensión por un tercer periodo de hasta 25 años a través de una licitación. Es importante señalar que, si bien estas condiciones no son las ideales, dan cierta viabilidad al negocio minero en la nación.
En ese sentido, consideramos fundamental que la socialización de la aprobada Ley Minera cuente con el tiempo suficiente para su análisis en el Senado, pues pese a que hay mayor flexibilidad en temas como la Ley de Aguas Nacionales, aún se debe trabajar para dar certeza a las inversiones en el sector, cuyas concesiones en todo el mundo, tienen un alto grado de complejidad por los tiempos que requieren las minas.
Otros de los aspectos que se deben analizar con detenimiento, son los relacionados con la consulta indígena así como con el otorgamiento de concesiones en garantía, que podrían dejar en indefensión a las empresas.
Reconocemos la determinación de garantizar la seguridad en las minas, pero consideramos que hay aspectos que deben quedar claros para que lejos de establecer una responsabilidad penal directa, se lleven a cabo las investigaciones necesarias para deslindar responsabilidades ante cualquier incidente que pudiera ocurrir.
Algunos otros puntos que deben ser ampliamente discutidos y contar -además- con el análisis técnico de expertos para evitar la subjetividad en las resoluciones, son los relacionados con las concesiones de agua y con la causal de cancelación por hechos o actos que causen desequilibrio ambiental, social, económico o de cualquier otra índole.
Por lo que hace a la temporalidad de la concesión, nos preocupa de manera importante en el sentido de que, la literalidad de cómo está planteada la reforma, deja abierta la posibilidad de que el periodo de la concesión pueda ser con efectos retroactivos; siendo lo anterior una cuestión de inconstitucionalidad e inconvencionalidad.
Desde Coparmex reconocemos la importancia del diálogo sostenido con la Secretaria de Gobernación, la Secretaría de Economía y la Cámara de Diputados y confiamos que esa apertura continúe ahora con el Senado de la República, para corregir detalles que son necesarios para darle continuidad operativa a la industria minera y que pueda seguir generando empleos y derrama económica en nuestro país.
Confiamos en que en el diálogo que se suscitará esta semana en torno a estas reformas se pondere la conveniencia de dar tiempo a la discusión para que la conformación de la nueva legislación concentre las aportaciones que se realicen desde el sector minero y desde los organismos empresariales con el objetivo de alcanzar el máximo beneficio de México.
Planteamos la pertinencia de que la aprobación se dé hasta el próximo septiembre. El poder legislativo tiene la responsabilidad y oportunidad de darle a México un marco legal óptimo para el desarrollo de la minería.