La agrupación Causa en Común ha documentado 355 masacres durante 2023, y estados gobernados por PAN y Morena es donde más registros se tienen.
El monitoreo de atrocidades elaborado por Causa en Común inició el 1 de enero de 2020, y desde entonces ha registrado al menos 2 mil 130 masacres.
De enero a septiembre del año en curso, la agrupación contabilizó al menos 5 mil «atrocidades» que clasificó en torturas, mutilaciones, descuartizamientos y destrucción de cadáveres.
El registro comprende mil 435 casos de tortura; 729 asesinatos de mujeres con crueldad extrema; 496 mutilaciones, descuartizamientos y destrucción de cadáveres; 399 actos violentos contra la autoridad; 355 masacres, así como 347 casos de violación agravada.
Además, se tiene el reporte de 225 fosas clandestinas, 208 asesinatos de niños y adolescentes, 190 calcinamientos, 189 asesinatos de funcionarios y actores de relevancia en materia de seguridad, 42 intentos de linchamiento y 76 hechos de violencia contra migrantes.
«Este registro representa un mosaico de dolor y de crueldad, que se esconde detrás de las cifras de incidencia delictiva.
«Muestra también que, lejos de la mitología sobre crimen organizado que prevalece en nuestra conversación pública, buena parte de estas actividades son perpetradas por personas que no forman parte de las organizaciones criminales.
«Se trata de una violencia criminal, sí, pero es, también violencia de género, familiar, comunitaria y violencia social», destaca en su reporte Causa en Común.
Guanajuato, que se cimbró con la matanza de 11 jóvenes que departían en una posada en Salvatierra hace una semana, es la plaza con el mayor registro de «atrocidades» con al menos 388 casos; le sigue Chihuahua, con 385; Baja California, con 344; Guerrero, con 279, y Morelos, con 252.
Causa en Común refiere que, en promedio, en México se cometen al menos 555 «atrocidades» cada mes, lo que representa 18 en promedio cada día.
Además, propone que para desdibujar el mapa de las atrocidades, cada ciudadano y cada comunidad «tiene la responsabilidad de exigir a los gobiernos locales y al federal la resolución de casos que han agraviado a la comunidad, con investigaciones sólidas», recomienda la organización.