La batalla legal de Mónica contra Trump por la ciudadanía de su futuro hijo, del que teme nazca sin patria tras haber sido expulsados de su país de origen.
Mónica y su marido emigraron de Venezuela hace seis años y ahora temen que su hijo nazca apátrida. Ella participa como codemandante en uno de los casos abiertos en los tribunales contra la orden ejecutiva de Trump.
Por Maanvi Singh
En su primer día como presidente, Donald Trump firmó una orden ejecutiva que pone fin al derecho reconocido por la Constitución de EEUU de otorgar la nacionalidad estadounidense a todos los nacidos en el país. De repente, miles de personas esperando un bebé en EEUU tuvieron que plantearse la posibilidad de que sus niños nacieran en un limbo jurídico.
Mónica es una de esas personas. Tras escapar de la persecución política en Venezuela está esperando su primer hijo. Un bebé que nacerá apátrida si la orden de Trump se mantiene en vigor. “Me quedé muy conmocionada”, dice. “Para mí y para tantas madres… Es un derecho que está en la Constitución de este país, nunca pensé que lo podían quitar así sin más”.
La orden ha sido especialmente desestabilizadora para Mónica y su marido. Hacía años que querían ser padres. “Siempre quisimos organizar nuestras vidas para tener hijos; y por fin habíamos encontrado un poco de estabilidad”, dice.
Mónica y su marido se fueron de Venezuela en 2019. Más de seis años después de su llegada a Estados Unidos se enteró de que estaba embarazada. Casi no podía creerlo. “Reí, lloré y di gracias a Dios”, dice. Ese día no fue al supermercado, sino a comprar un par de patucos de bebé para dejárselos a su marido como una sorpresa. “¡No se lo esperaba! Se emocionó mucho”, recuerda.
Dos semanas después, Trump asumió la presidencia y firmó la orden ejecutiva que pone fin a la concesión de la nacionalidad por nacimiento.
Hacer los trámites para darle a su hijo la nacionalidad venezolana es imposible, dice Mónica. Tanto ella como su marido criticaban la deriva autoritaria del Gobierno y ponerse en contacto con las autoridades podría ponerlos en peligro, dice. En EEUU, además, no hay consulados venezolanos. No tienen forma de registrar a su recién nacido.
El intento de Trump de terminar con el derecho a la nacionalidad por nacimiento ha sido cuestionado jurídicamente de manera inmediata. En los últimos días se han puesto en marcha al menos cuatro casos contra la orden ejecutiva, con Mónica en uno de ellos como codemandante.
Este medio no publica el apellido de Mónica por su protección ante posibles represalias. Su apellido también se omite en el caso donde es codemandante junto con otras cuatro mujeres inmigrantes y las organizaciones Casa y Asylum Seeker Advocacy Project (también conocido como Asap, del que Mónica es integrante). El Instituto de Defensa y Protección Constitucional de Georgetown ha sido el que ha presentado la demanda ante el tribunal federal de distrito de Maryland.
Aunque el pasado jueves un juez de Seattle bloqueó temporalmente la aplicación de la orden, calificándola de “flagrantemente inconstitucional”, sigue habiendo preguntas en torno a sus posibles implicaciones. Familias como la de Mónica seguirán en el limbo mientras el caso se resuelve en los tribunales.
Según Leidy Pérez, directora de política y comunicaciones en ASAP, el texto de la orden ejecutiva es ambiguo y no define exactamente qué hijos de qué inmigrantes quedan excluidos del derecho a la nacionalidad. En la orden se dice que los bebés de padres que vivan en EEUU “de manera ilegal” o temporal no tendrán derecho a la nacionalidad.
“La mayoría de los miembros de nuestra plantilla son abogados de inmigración y todos tenemos una experiencia de décadas y esta orden ejecutiva no está clara”, dice Pérez.
Hay muchas personas solicitando asilo, por ejemplo, que llevan años en EEUU y están haciendo las cosas para quedarse de manera permanente ¿La orden no las incluye? “No está claro”, dice Pérez. Otros inmigrantes llevan décadas viviendo en Estados Unidos, entre ellos muchas personas sin documentos legales o con un estatuto temporal de protección. “¿Es justo decir que son temporales?”, se pregunta.
Si la orden se implementa, decenas de miles de niños nacidos cada año en Estados Unidos dejarán de tener derecho a la nacionalidad. Muchos nacerán indocumentados y apátridas, si además no pueden obtener la nacionalidad del país de origen de sus padres. Toda una generación que podría quedar en un limbo jurídico.
Son niños que tampoco podrían optar a muchos de los programas del Gobierno para asistir a las familias de ingresos bajos, como la ayuda alimentaria o como el seguro médico subvencionado. Los recién nacidos que necesitas en cuidados intensivos en el hospital dejarían de tener derecho a Medicaid.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y varios grupos de defensa de los inmigrantes han presentado otra demanda contra la orden ejecutiva. Argumentan que la orden vulnera la garantía constitucional de conceder la nacionalidad por derecho de nacimiento así como los precedentes legales que impiden “el surgimiento de una clase inferior hereditaria a la que se excluye de la plena participación en la vida estadounidense”.
Otro de los recursos fue presentado en Boston y en Seattle por la ciudad de San Francisco y por 22 estados en los que gobierna el Partido Demócrata. Argumentan que la orden ejecutiva representaría una carga para las administraciones locales, dejando a cargo de estados y municipios el coste de la atención básica a miles de niños que quedarían sin la asistencia del Gobierno federal.
Son las preguntas y conjeturas que por las mañanas consumen a Mónica durante sus náuseas. “¿Dónde voy a registrar el nacimiento de mi hijo o hija? (…) Podré ponerle el nombre que quiera, pero no habrá ningún certificado de nacimiento, ¿sabrán si el bebé ha nacido o no?”, piensa mientras hace listas de cosas que harán falta para el bebé o elige los colores de su habitación.
Su mente a veces va más lejos. ¿Cómo le explicará a su hijo que no tiene ninguna nacionalidad y que no pertenece a ningún sitio cuando le llegue la edad para preguntar?
Ella y su marido llevan esperando seis años en Carolina del Sur a que sus demandas de asilo sean tramitadas por las autoridades de inmigración, donde hay un atasco enorme. Mientras tanto, han empezado a buscarse la vida. Mónica tiene un título de medicina de Venezuela y confía en poder convalidarlo para ejercer en Estados Unidos. Por el momento ha trabajado con aplicaciones de reparto y de transporte. Su marido ha trabajado en una empresa de fontanería, calefacción y aire acondicionado.
Unos años después de llegar a Estados Unidos pudieron comprar una casa con sus ahorros. Mónica dice que oscila entre la alegría y el miedo desde que se enteró de su embarazo. “Das vida a tu hijo, pero creo que los niños también te dan la vida que necesitas, te dan una fuerza que nunca imaginaste que tendrías”, dice. “Si no luchas por tu bebé o por tus hijos, ¿quién va a hacerlo?”.