A diferencia del activo debate sobre el abuso sexual en California, en la península de Baja California reina una engañosa tranquilidad.
No es que México esté libre de abuso sexual; es que ni los obispos, ni el gobierno federal o los de Baja California abordan el tema.
A pesar de la supuesta existencia de un “Estado laico”, las iglesias no deben cumplir con normas estrictas para reportar el abuso sexual y menos para compensar a las víctimas.
Por Rodolfo Soriano-Núñez
La semana pasada Los Ángeles Press publicó un texto sobre la manera en que seis de doce diócesis católicas de California buscan la protección de la bancarrota, el llamado Capítulo 11 de la legislación de Estados Unidos. Allá parecería que hay una agitación acerca de los abusos sexuales inexistente en México.
Pero las apariencias engañan. Como narra ese texto, vinculado después del siguiente párrafo, las quiebras provienen de casos que se remontan al siglo XX. Han resurgido como consecuencia de un cambio importante en la ley de California, una verdadera innovación, que permite a los sobrevivientes de violencia sexual buscar justicia en tribunales civiles, no penales.
El experimento californiano con la justicia restaurativa está a punto de brindarles a miles de sobrevivientes de abuso sexual, a manos de clérigos o de otros, la oportunidad de recibir alguna justicia. No es que se conviertan en millonarios, libres de las dificultades de la vida, o que tengan la oportunidad de recuperar sus vidas.
Es sólo que la jerarquía católica enfrentará las consecuencias de su comportamiento. El resultado esperado es que los supervivientes reciban una compensación por el daño que les han causado.
Del otro lado de la valla que Donald Trump pretende convertir en un muro sólido para aislar aún más a Estados Unidos del resto del mundo, las víctimas mexicanas enfrentan una realidad mucho más dolorosa.
No es que la doctrina de la Iglesia Católica sea diferente en Tijuana o Mexicali de la de San Diego. No es que al cruzar la frontera cambien las normas que regulan la vida de la Iglesia al pasar de la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe en la calle Tierra Blanca 2487, en Mexicali, a la parroquia homónima en el 135 de la Cuarta Calle en Calexico.
Poco más de tres kilómetros separan a ambas Iglesias entre sí. A menos que uno esté realmente familiarizado con ambas parroquias, es difícil distinguirlas con solo mirar las fotografías de las misas, bautismos y bodas que se celebran en cada una de ellas.
La distancia sería aún menor, poco menos de novecientos metros o poco más de novecientas yardas, si la iglesia preferida del lado mexicano fuera la catedral de Nuestra Señora de Guadalupe en Mexicali, a tres cuadras de la frontera internacional.
Como se hizo en texto previo de esta serie al comparar a las diócesis de El Paso, Texas, con la de Ciudad Juárez, Chihuahua, lo que cambia entre las Californias, de México o Estados Unidos, no son las creencias, las prácticas, los ritos. Estos son imposibles de distinguir para el ojo inexperto.
Lo que cambia, como lo demuestra el AB 218, el proyecto de ley que obligó a seis diócesis católicas romanas a buscar la protección de la bancarrota, el así llamado Capítulo 11, son las leyes.
Mientras que en Sacramento, capital de California, la Legislatura de ese estado ofreció una medida de justicia a las víctimas de abuso sexual, en Mexicali y La Paz, capitales de Baja California y Baja California Sur, respectivamente, los congresos locales parecen estar ocupadas con temas que sus integrantes consideran más apremiantes.
No es sólo la falta de voluntad política de los legisladores mexicanos. Ésa es una diferencia importante, relevante para comprender el problema. Es también que, a diferencia de los fiscales estatales de Baja California y Baja California Sur, en el estado de California hay una larga tradición de investigar a depredadores, clérigos o no, católicos o de otra tradición.
En México, a pesar de la retórica rimbombante de las elites políticas, siempre dispuestas a demostrar cuán comprometidas están con lo que ellas ven como “causas populares”, no existe tal historia.
Eso explica por qué el fiscal del estado de California forzara a declarar al cardenal Norberto Rivera Carrera, ahora arzobispo emérito de la Ciudad de México, aliado y protector de infames depredadores sexuales del clero mexicano como Marcial Maciel y Nicolás Aguilar Rivera, durante el proceso que obligó a la Arquidiócesis de Los Ángeles a pagar más de sesenta millones de dólares a víctimas de Aguilar Rivera entre otros clérigos.
Una entrega anterior de esta serie, vinculada inmediatamente, ofreció detalles de cómo el cardenal Rivera Carrera envió al sacerdote Aguilar Rivera desde Tehuacán, en Puebla, a Los Ángeles, a pesar de su historial como depredador sexual.
Aguilar Rivera es sólo un ejemplo del clero católico mexicano que se dirige al Norte en busca de nuevas víctimas, como lo hizo Jeffrey David Newell, un sacerdote alemán-estadounidense que tomó el camino opuesto y se estableció en Tijuana, Baja California, después de que sus víctimas en California hicieran lo mismo. Los obispos estadounidenses conscientes de cómo los atacó.
Luz del mundo
Pero eso también explica por qué Naasón Joaquín García, líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, acusado reiteradamente de abusos en México, esté encarcelado en California, donde el fiscal del estado estuvo dispuesto a enfrentar la tormenta política que siguió al arresto y juicio de Joaquín García.
El caso de Naasón también demuestra que el principal problema del abuso sexual no es el diseño institucional de la relación Iglesia-Estado. En el papel, México ha tenido desde el siglo XIX un “Estado laico”.
A diferencia de la mayoría de las capitales de América Latina, cuyas calles y parques lucen los nombres de cardenales, obispos y otros clérigos, en la Ciudad de México no hay una calle principal ni un parque importante que honre la memoria de un arzobispo de la capital.
El “Estado laico” hace impensable siquiera considerar ideas ahora en boga en Estados Unidos, como tener los Diez Mandamientos a la vista en cada aula u obligar a los estudiantes a leer la Biblia o cualquier otro libro religioso.
Incluso los privilegios como trato especial durante los juicios, que aún existen en las leyes de algunos países sudamericanos en los casos que involucran a obispos y otros altos cargos de la Iglesia Católica, son desconocidos en México desde mediados del siglo XIX.
El hecho es que las iglesias, tan grandes como la católica y tan relativamente pequeñas como La Luz del Mundo, utilizan la debilidad o falta de voluntad de las autoridades mexicanas, de los fiscales estatales y de los jueces, estatales o federales, para procesar a los depredadores sexuales.
No es casualidad que algunas ramas fundamentalistas de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los llamados mormones, utilicen México para ocultar a polígamos demasiado notorios en Utah y otras jurisdicciones estadounidenses con grandes grupos de miembros de esa denominación desde mediados de la década de 1870.
No es que México carezca de grupos propios dispuestos a desafiar las leyes relativas al matrimonio. Lo que pasa es que a los fundamentalistas mormones les resulta más fácil esconderse en lugares remotos de Chihuahua, Sonora y Durango para insistir en su manera de entender esa fe, dada la falta de interés de las autoridades mexicanas en hacer cumplir la ley.
Luego está la cuestión de lo difícil que es movilizar a la opinión pública en México. No es que no haya información sobre abuso sexual, ya sea por parte del clero o de otro tipo. Lo que pasa es que las víctimas en México enfrentan más obstáculos para organizarse, movilizarse y convertir su dolor en capital político.
El diseño mismo de las instituciones mexicanas de justicia también desempeña un papel. Es mucho más difícil probar o litigar un caso en los tribunales mexicanos que en sus homólogos estadounidenses. Ello gracias al formalismo extremo de la ley mexicana, así como a las dificultades para aceptar cualquier tipo de innovación.
Por si fuera poco, está el tema de la corrupción en el sistema de justicia mexicano, característica que alimenta las malas calificaciones que obtienen los jueces mexicanos en casi cualquier encuesta sobre su comportamiento, ese fue el tema de una historia, publicada únicamente en español en Los Ángeles Press, repasando los datos de seis años de encuestas sobre la confianza y la percepción de corrupción de los jueces mexicanos.
Calma engañosa
No se trata sólo de sobornos de la vieja escuela para cambiar las sentencias. Es la forma misma en que las autoridades abordan una denuncia, haciendo casi imposible probar la naturaleza abusiva de ciertas actitudes y prácticas de quienes tienen la oportunidad de practicar abusos en colegios o iglesias.
Es que, como lo demuestran otras series publicadas por Los Ángeles Press, existe un esfuerzo concertado de las autoridades mexicanas, federales o estatales, independientemente de su afiliación política, para ocultar e incluso falsificar pruebas.
Esto ha generado una epidemia sistemática de falsos positivos, lo que Guadalupe Lizárraga llama acertadamente “falsos culpables” en casos importantes como el asesinato de la periodista chihuahuense Miroslava Breach, por nombrar el más reciente de ellos.
Sólo debido a los efectos combinados de estas características, las diócesis católicas de las Californias mexicanas parecen estar en calma, mientras que sus contrapartes en California enfrentan lo que podría ser uno de sus mayores desafíos desde su fundación.
En el lado sur de la valla, los depredadores sexuales, clérigos o no, siguen protegidos por un sistema de justicia a punto de ser derribado por una reforma que parece estar obsesionada con imitar sólo un aspecto del sistema de justicia estadounidense: el de elegir a los jueces, dejando intactas otras cuestiones clave como el nombramiento de los fiscales estatales y de distrito o la rendición de cuentas que se espera de los cuerpos de la policía.
Además de los problemas que surgen de las decisiones tomadas por las élites políticas mexicanas durante el último siglo, que dieron forma a un sistema de justicia ineficiente, también está la realidad de que desde la aprobación de la Ley Volstead por el Congreso de los Estados Unidos en 1919, Tijuana y otras ciudades mexicanas en la frontera entre Estados Unidos y México se convirtieron en lugares privilegiados para el comercio de sustancias y prácticas ilegales.
Esto no es exclusivo de la frontera entre Estados Unidos y México. Se pueden encontrar similares como ametrías incluso en la Unión Europea, en la localidad española de La Jonquera, en la frontera con Francia y en otras regiones fronterizas del mundo, donde los cambios en las leyes y regulaciones crean oportunidades para negocios, delitos y actividades predatorias.
El único otro tema que vale la pena mencionar es que, a diferencia de lo que sucede en la conferencia de obispos de Estados Unidos desde la primera década de este siglo, cuando se tomó conciencia de los efectos negativos de la crisis de abuso sexual del clero, sus colegas mexicanos todavía están tratando de negar el verdadero alcance. de la crisis, con poca o ninguna presión por parte de Roma para abordar los problemas, ayudar a las víctimas y prevenir el abuso sexual.
Ésa es la única explicación al hecho de que, como se documentó en un texto previo de esta serie, menos de la mitad de las diócesis católicas mexicanas hayan cumplido con el requisito mínimo de establecer una comisión para prevenir el abuso sexual del clero en su territorio.
En los dos estados de la península de Baja California, de las cuatro diócesis que conforman la llamada Provincia Eclesiástica de Baja California, sólo una, Mexicali, tiene una comisión para prevenir el abuso sexual del clero, las otras tres diócesis, la metrópoli de esa provincia, la arquidiócesis de Tijuana, y las diócesis de La Paz, Baja California Sur y Ensenada, no tienen comisión y no parece haber prisa ni interés ni en la Conferencia del Episcopado Mexicano, en la Nunciatura en México o en Roma misma, por obligar a esas tres diócesis establecer sus comisiones, como se resume en el cuadro 1.
Las cuatro diócesis de la Provincia de Baja California, cuentan con un historial de denuncias de abuso sexual. Desde Mexicali, Los Ángeles Press publicó anteriormente detalles de la protección brindada por el anterior obispo de la capital de Baja California, José Isidro Guerrero Macías, en la nota enlazada inmediatamente después de este párrafo.
Bishop Accountability tiene informes de al menos un caso para cada una de las otras diócesis de la provincia eclesiástica de Baja California. Desde Ensenada, a Tijuana, y La Paz.
Al menos tres datos emergen del gráfico previo. El primero es el papel de la relación entre el diplomático italiano Girolamo Prigione y los obispos Juan Jesús Posadas Ocampo en Tijuana y Manuel Pérez-Gil en Mexicali.
Aunque ambos ya eran obispos en esas diócesis antes de la llegada de Prigione, lograron desarrollar una relación estrecha con el entonces delegado apostólico. Después de su paso por la frontera, Prigione movilizó su influencia en Roma para nombrar a Posadas obispo de Cuernavaca.
Aunque el nombramiento no fue una promoción, pues Posadas ya era obispo, Cuernavaca a principios de los años ochenta era una “diócesis de referencia” en México. El obispo Sergio Méndez Arceo fue una de las mentes más brillantes de su generación en el episcopado mexicano.
A diferencia de otros obispos, aceptó sin dudar las consecuencias del Concilio Vaticano II. Fue un polemista capaz y un orador notable. Sus homilías o sermones semanales llamaban la atención de los medios mexicanos e internacionales, no sólo por el uso de mariachis y otros grupos de música popular mexicana durante la misa, sino también por los sólidos argumentos con los que criticaba a los gobiernos de México y Estados Unidos, casi en cualquier tema.
Desempeñó un papel clave como mediador cuando una guerrilla de izquierda mexicana secuestró a Rubén Figueroa, entonces gobernador electo del estado de Guerrero a mediados de los años setenta.
Su sucesión fue un tema nacional en los medios mexicanos. Por ello, aunque no fue una promoción, Posadas cambió Tijuana por Cuernavaca para destruir el legado de Méndez Arceo. Luego de Cuernavaca, recibió la joya de la corona del episcopado mexicano, la todopoderosa sede de Guadalajara, que le concedió el acceso al Colegio Cardenalicio y la oportunidad de promover a sus subordinados.
Entre ellos estaba Juan Sandoval Íñiguez, ahora emérito de esa sede, quien sucedió a Posadas luego de su brutal asesinato en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, cuando acudió a recoger a Girolamo Prigione, quien viajaba desde la Ciudad de México el 23 de mayo de 1993.
Posadas ya había conseguido el nombramiento de Sandoval como obispo de Ciudad Juárez, como describe la historia enlazada a continuación, sobre abusos sexuales en esa diócesis de la frontera internacional entre Chihuahua y Texas.
Prigione desarrolló una relación similar con Manuel Pérez-Gil, obispo de Mexicali desde mediados de los años sesenta. Prigione ascendió a Pérez-Gil a la entonces diócesis, ahora arquidiócesis de Tlalnepantla en el centro de México.
Además de la relación de Prigione con esos dos antiguos obispos de Tijuana y Mexicali, vale la pena considerar el papel desempeñado por otro discípulo de Posadas, el actual obispo de Zamora, en Michoacán, Javier Navarro Rodríguez.
Es relevante por su relación con Posadas y con otro antiguo obispo de Tijuana, el ahora arzobispo emérito de Yucatán, Emilio Berlié Belaunzarán. Navarro Rodríguez, Berlié Belaunzarán y Sandoval Íñiguez fueron todos discípulos del fallecido cardenal Posadas y cercanos a Prigione.
Como tales, son parte de una red densa y compleja de clérigos católicos mexicanos de alto rango considerados en el texto sobre abuso sexual en las diócesis de Chihuahua vinculada tres párrafos arriba. Pero también es relevante porque logró promover a su actual cargo de primer obispo de Ensenada a Rafael Valdez Torres, quien fuera uno de sus sacerdotes en Zamora.
Bishop Accountability y la organización no gubernamental mexicana Spes Viva nombraron a Navarro Rodríguez y Sandoval Íñiguez como parte de un grupo de obispos mexicanos vivos que protegen activamente a los sacerdotes con acusaciones creíbles de abuso sexual por parte del clero, como lo cuenta la historia que se vincula inmediatamente después.
La comparación imposible
Una medida de las diferencias entre el enfoque y la comprensión de las diócesis católicas mexicanas y estadounidenses de los efectos generalizados de la crisis de abuso sexual por parte del clero es que, si bien casi todas las diócesis estadounidenses tienen una sección en sus sitios web dedicada a proporcionar al menos una lista básica con Los nombres de los sacerdotes, diáconos, religiosos varones y, en algunos casos, incluso del personal laico con acusaciones creíbles de abuso sexual, tales listas son imposibles de obtener en las pocas diócesis mexicanas que tienen sitios web funcionales.
Como lo demuestra el texto enlazado a continuación, la diócesis de Tehuantepec afirma tener una comisión para prevenir el abuso sexual, pero no hay ningún lugar donde se pueda encontrar información sobre cómo comunicarse con dicha comisión.
En ese sentido, es casi imposible ofrecer una comparación sistemática de las diócesis católicas de la California estadounidense con las Californias mexicanas.
La información de las cuatro diócesis de las Californias mexicanas facilita una comparación parcial con la California estadounidense y subraya una diferencia adicional entre la Iglesia católica en ambos lados de la valla.
Primero, la tabla 1 ofrece un resumen de los datos básicos de las cuatro diócesis de la Provincia Eclesiástica de Baja California. Observe la alta proporción, 95 por ciento, de católicos que la arquidiócesis de Tijuana afirma tener en la tercera columna.
La tabla 2 resume, por otro lado, los datos de afiliación religiosa del Censo Mexicano de 2020. Como muestra la octava columna, denominada Relativos Católicos, la proporción de católicos en el censo mexicano de 2020 en Tijuana es de sólo el 61.94 por ciento.
Ésa es una diferencia de 32 puntos porcentuales entre lo afirmado por la Arquidiócesis de Tijuana en la información que reporta a Roma y que publica la Curia Romana en su Annuario Pontificio, y los datos provenientes del Censo Mexicano de 2020.
A diferencia de la práctica estándar de la Oficina del Censo en Estados Unidos, que evita hacer preguntas sobre afiliación religiosa, en México como en Canadá y otros países del hemisferio occidental y en Europa, existe una métrica censal de afiliación religiosa.
La Conferencia del Episcopado Mexicano no tiene medida propia que le permita decir que hay una afiliación del 95 por ciento a esa Iglesia en los tres municipios que conforman la arquidiócesis de Tijuana (Playas de Rosarito, Tecate y Tijuana). La sobreestimación equivale a un tercio de la población de esos municipios.
Para facilitar la comparación y ampliarla a las otras tres diócesis en la Provincia Eclesiástica de Baja California, la tabla 3 resume los datos reportados por los obispos mexicanos al Annuario Pontificio, una fuente oficial global de información de la Iglesia Católica y el Censo Mexicano de 2020.
Como se puede ver allí, las cuatro diócesis sobreestiman la proporción de católicos en sus territorios. Esa sobreestimación es más difícil de entender en el caso de la diócesis de La Paz, ya que esa diócesis tiene exactamente el mismo territorio que el estado de Baja California Sur.
No es necesario que el obispo de la diócesis haga ningún cálculo. Le bastaría usar los que ofrece el Censo Mexicano de 2020. A pesar de eso, la diócesis católica de La Paz afirma tener más de 61 mil miembros más de los que les reconoce el censo mexicano de 2020.
No hay explicación de por qué ni cómo calculan esos 61 mil 344 católicos de más, un error de más del siete por ciento del total de la población de esa diócesis y estado de México.
Sobreestimación
Aunque no tan flagrante como en el caso de Tijuana y La Paz, las otras dos diócesis de la provincia de Baja California también sobreestiman la proporción de católicos.
La sobreestimación total de la población católica en las Baja Californias evidencia a una jerarquía católica incapaz de aceptar los datos más básicos de la realidad. En cuanto a la población total, los obispos acumulan un error de casi 730 mil personas, y es aún mayor cuando se trata de su propio rebaño, ya que suponen que hay aproximadamente 4.5 millones de católicos en las Californias mexicanas, cuando la Oficina del Censo Mexicano estima el número de católicos en poco más de 3.1 millones.
Las consecuencias de esa sobreestimación impactan la comprensión misma del papel de la Iglesia en los entornos difíciles que existen en ciudades fronterizas como Tijuana y Mexicali. Baste decir que no hay manera de justificar el cálculo hecho por esa arquidiócesis del número de católicos por sacerdote en esa jurisdicción de la Iglesia Católica. Es, en más de un sentido, un reflejo de las dificultades que tiene la jerarquía de la Iglesia católica en México para comprender su propia realidad.
Esta sobreestimación de la proporción de católicos respecto de los datos del censo nacional, estatal y municipal es parte de una especie de espíritu o actitud de la jerarquía católica mexicana que desestima el cambio demográfico en curso descrito por los datos del Cuadro 2, así como las causas reales de ese cambio.
La tabla 2 cuenta la historia de un país donde el catolicismo pierde terreno no frente a las llamadas “sectas”, como los obispos mexicanos solían llamar a cualquier grupo no católico allá por los años noventa, sino también, como sucede en Estados Unidos y en otros países, la historia de un país donde quienes declaran no tener afiliación religiosa son más que los cristianos evangélicos.
Como lo demuestra la Tabla 2, esto es un hecho en las cuatro diócesis de la provincia eclesiástica de Baja California y es cierto también cuando se miran los mismos datos para los tres estados mexicanos (tanto las dos Baja Californias como Sonora) que conforman ese territorio.
El cuadro 2, proporciona los datos sobre el año de fundación de las cuatro diócesis de la provincia y la fecha (2006) en que Tijuana se convirtió en arquidiócesis y metrópoli de esta región eclesiástica.
Finalmente, como lo hizo la entrega anterior de esta serie con las diócesis católicas romanas de California, la tabla 4 ofrece una estimación del número de clérigos depredadores y de víctimas de abuso sexual por parte del clero.
Como explicaba aquella entrega anterior, ambas estimaciones se basan en el llamado Informe o Reporte Sauvé, comisionado por la Conferencia Francesa de Obispos.
El Reporte Sauvé afirma que…
…una tasa de alrededor del tres por ciento de sacerdotes y miembros de órdenes religiosas que cometieron violencia sexual contra menores constituye una tasa mínima y un punto de comparación relevante con otros países.
Es imposible replicar el procedimiento seguido por el Reporte Sauvé. Las estimaciones proporcionadas aquí para cada una de las diócesis de las Californias mexicanas son “estáticas”, en el sentido de que sólo consideran el número actual de sacerdotes. En este texto no calculo los abusos sexuales en diferentes períodos de tiempo como lo hace el informe francés.
Siguiendo los parámetros establecidos por el Reporte Sauvé ofrezco un límite superior o máximo y un límite inferior o mínimo estimado para cada una de las diócesis de las Baja Californias.
La tabla 4 ofrece un límite superior e inferior estimado utilizando las 25 y 63 víctimas por depredador como base para las estimaciones para cada diócesis católica.
Ése es un estimador mínimo. Hay evidencia en otros informes, como en el caso de Australia, de diócesis donde hasta el 15 por ciento del clero participó en prácticas predatorias. Si ese fuera el caso de otras diócesis, entonces los límites del rango deberían multiplicarse por un factor de cinco.