Las autoridades de Chihuahua no habrían cumplido con los trámites necesarios para arrestar al exgobernador, según Lara López
Por Baruc Mayen
“Bajo ninguna circunstancia se trató de un rescate”, fueron las palabras con las que Ulises Lara López, encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), defendió su intervención para evitar que Javier Corral Jurado, exgobernador de Chihuahua, fuera detenido por agentes policiacos de dicha entidad.
Según expuso Lara López, la noche del 14 de agosto recibió una llamada por parte del equipo de Corral Jurado en la que le fue notificada la presencia de “personas armadas que dijeron ser elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía Anticorrupción de aquel estado” en el restaurante Gin Gin, de la colonia Roma, con la intención de aprehenderlo.
“Ingresaron al establecimiento con la finalidad de privarlo de su libertad bajo el argumento del cumplimiento de una orden judicial”, detalló Lara. Dicho documento, marcado con el folio FGJCDMX/DGSSOJ/SCSOJ/7802/08-2024, se trataba de un mandamiento emitido por un juez del Distrito Judicial Morelos de Chihuahua para arrestar a Corral por el delito de peculado.
Después de dicha llamada, Ulises Lara contactó al Jefe General de la Policía de Investigación de la FGJCDMX para comprobar si había agentes capitalinos en la diligencia. Según explicó en un mensaje a medios, acudió personalmente al restaurante luego de corroborar que “no se habían agotado y formalizado plenamente los trámites de colaboración correspondientes”.
El mandamiento judicial divulgado por la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua se trataba, en palabras de Ulises Lara, de un oficio interno que no representaba una aceptación formal de colaboración por parte de la FGJCDMX.
“Sólo se trataba de un documento interno que bajo ninguna circunstancia les faculta a irrumpir en una entidad foránea y con ello violentar su soberanía, y mucho menos a cumplimentar un mandamiento judicial”, aseguró Lara López.
Además, acorde con el recuento de los hechos, el documento fue recibido por la Dirección General de Atención y de Cumplimientos de Ordenamientos Judiciales a las 20:16 horas del 14 de agosto, apenas un par de horas antes de que se desplegara el operativo en el restaurante donde estaba Javier Corral. En este sentido, la orden de aprehensión y la solicitud de colaboración “aún se encontraban en proceso de atención, sin una respuesta oficial”.
En este orden de ideas, Ulises Lara mencionó que Corral Jurado lo acompañó “por propia voluntad” hacia el exterior del restaurante y, posteriormente, a las oficinas de la Fiscalía capitalina, “de donde se retiró por propio pie, al no contar esta Fiscalía con algún documento o mandamiento judicial que ordenara su detención”.
Si se hubiera cumplimentado la detención de Javier Corral, en palabras de Ulises Lara, habría sido una “privación ilegal de la libertad, acto constitutivo de delito y que además violenta el debido proceso”. La aprehensión, además, habría resultado “en una declaratoria de ilegal detención y una probable acción penal en contra de los agentes ministeriales del estado de Chihuahua”.
Por su parte, el exgobernador dio a conocer, la mañana del 15 de agosto, que presentó una denuncia en contra de la actual mandataria de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, y del titular de la Fiscalía Anticorrupción estatal, Luis Abelardo Valenzuela Holguín, por “haber ordenado y ejecutado conductas posiblemente constitutivas de los delitos de abuso de autoridad, privación ilegal de la libertad en grado de tentativa y lo que resulte”.