Según la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, AMLO necesita de más poder en materia de indultos para resolver Ayotzinapa.
AMLO insistió, además, en insinuar sin aportar prueba alguna que las críticas a su proyecto de reforma de las afores son deshonestas.
AMLO, Manuel Bartlett y otros funcionarios del gobierno federal defendieron la política de energía del gobierno de México a pesar de las muertes en la región minera de Coahuila.
Además de alegar a favor de dar más poderes a la presidencia para resolver el caso Ayotzinapa, distintos funcionarios del Poder Ejecutivo dedicaron cerca de media hora a Pasta de Conchos y otras tragedias en la región minera de Coahuila.
El renovado interés en la tragedia de Pasta de Conchos, ocurrida el 19 de febrero de 2006 en la que murieron 65 de los 73 mineros que trabajaban en minas de carbón mineral ubicadas a poco más de 250 kilómetros al norte de Saltillo, capital de Coahuila, tiene que ver con el hecho que apenas ayer por la tarde se informó de la muerte de un minero más.
La nueva víctima murió, como sus colegas fallecidos hace 18 años, gracias a las malas condiciones de trabajo, la pobre o nula vigilancia sobre las empresas mineras y la creciente dependencia que vive México de un modelo que prefiere producir energía eléctrica con un alto impacto ambiental, en lugar de obtenerla, como hacen muchos otros países, de la energía solar.
La víctima, un minero de 49 años, era conocido como Marcos Galván Rodríguez, murió luego de que ocurriera un desprendimiento en un “pocito rústico” ubicado en el municipio de Múzquiz.
También porque, de manera casi simultánea, ayer se entregaron los cuerpos de cuatro víctimas de otra desgracia que ocurrió en un tiro de mina en la población de El Minabete, que se encuentra a casi 280 kilómetros al norte de la ciudad de Saltillo.
Los cuerpos de las cuatro víctimas de los hechos ocurridos en El Minabete se llamaron en vida Hugo Tijerina Amaya, José Luis Martínez Valdez, Jaime Montelongo Pérez y José Rogelio Moreno Morales, quienes fallecieron entre el 3 y 4 de agosto de 2022, como resultado de otro derrumbe en una mina que operaba a 62 metros bajo el nivel de la superficie, en condiciones que difícilmente eran las óptimas.
Que hay un vínculo entre estos hechos trágicos y la política energética y laboral del gobierno federal mexicano quedó de manifiesto por la presencia en la actividad matutina de este jueves del director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, quien defendió tanto esa política energética, como el rescate de los cuerpos de las víctimas, tanto en El Minabete como en Pasta de Conchos.
La situación en la región minera del norte de Coahuila ocupó la primera media hora de la actividad en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, e incluso se anunció que el titular del Ejecutivo se reuniría con las víctimas de estos hechos.
Además del anuncio de esa reunión, López Obrador, ayudado en esta ocasión por la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde, defendió algunos de los distintos proyectos que la actual administración impulsa a pesar de la veda electoral en la que en teoría se encuentra el país.
Alcalde explicó, en ese sentido, la propuesta del gobierno de ampliar y precisar las facultades de la presidencia de la República en materia de indultos como necesaria para poder resolver el caso Ayotzinapa.
Según Alcalde es necesario darle más poder al presidente de la República en materia de indultos para poder romper lo que ella llamó “el pacto de silencio”.
Según explicó, ese pacto es lo que haría imposible que algunos de los testigos clave de los hechos ocurridos en septiembre de 2014 en Iguala, en el estado de Guerrero, se sinceren respecto de qué pasó y quién ordenó que pasara lo que ocurrió ahí con los estudiantes de la normal de Ayotzinapa.
A su turno, López Obrador se centró en la defensa de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y en lo que se nos presenta como un choque que involucra a los tres poderes de la Unión sin paralelo en la historia reciente de México.
Ello es así pues, además del juicio político que Morena ha iniciado contra la presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, los partidos que integran la oposición en el Congreso de la Unión también han anunciado que solicitarán se inicie un proceso similar contra Zaldívar Lelo de Larrea.
López Obrador insistió también en defender por medio de insinuaciones acerca de la honestidad de los periodistas que critican su propuesta, para reformar las afores, las administradoras de fondos de retiro que, creadas a finales del siglo pasado, debían resolver el problema de la jubilación de miles de personas que han superado o están a punto de superar la edad límite para la jubilación, pero que difícilmente podrán hacerlo porque los recursos en esos fondos no son suficientes.
López Obrador insiste en que su propuesta no implica expropiar los fondos, pero distintas voces, no sólo de personas vinculadas a bancos, como él señala, apuntan a que hay aspectos opacos, oscuros de su propuesta en los que el presidente le apuesta a no rendir cuentas de miles de millones de pesos que existen en esos fondos.
El presidente insistió, además, en distintos momentos de su actividad en vincular lo que ocurre ahora con sus disputas con sus predecesores en el cargo, señaladamente con Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quezada y Felipe Calderón Hinojosa.
De manera notable, una vez más, excluyó a Enrique Peña Nieto de cualquier crítica e incluso dijo que ha hablado con el también exgobernador del Estado de México en distintas ocasiones. Peña Nieto ha ganado notoriedad en fechas recientes porque concedió una entrevista desde lo que se presentó como una suerte de exilio voluntario en República Dominicana.
AMLO machacó una vez más sus ideas acerca del episodio del ataque a la embajada de México en Quito, Ecuador, defendió el asilo otorgado al expresidente de ese país, Jorge Glas, e insistió en atacar, a su vez, a los periodistas que no replican los argumentos y las líneas de propaganda que defiende su administración.
