Agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) venden formas migratorias hasta en 60 mil pesos, denuncia el activista Luis Rey García Villagrán.
Los agentes del INM aprovechan las caravanas para vender formatos de salida a ucranianos, afganos, rusos y chinos.
«Hay conflicto de interés; el INM no revisa hoteles de lujo ni del centro, ¿y nos acusan de tráfico de personas?», señala el activista Luis Rey García.
Por Cinthya Alvarado Enríquez
El defensor de derechos humanos, Luis Rey García Villagrán, presentó una denuncia contra agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) por la venta de documentos migratorios a migrantes ucranianos, rusos, georgianos, chinos y afganos que se hospedan en hoteles de lujo en Tapachula. Por lo que los agentes le han fabricado varias carpetas de investigación y una orden de aprehensión por acompañar a los migrantes que, debido a la falta de opciones, se ven forzados a peregrinar en su intento por llegar a Estados Unidos.
El «Cártel de Migración», según García Villagrán, usa el pretexto de atender las caravanas para vender documentos migratorios. Desde el inicio de la administración de Claudia Sheinbaum, han salido de Tapachula 12 caravanas. Las tres últimas fueron disueltas con la promesa de proporcionar camiones y permisos migratorios a los migrantes. Estas caravanas han estado integradas por entre 1,500 y 2,000 personas provenientes de países de América Latina, como Venezuela, Cuba, Nicaragua y Honduras, entre otros.
“Ya presentamos una denuncia donde señalamos que en Chiapas se entregaron tres veces formas migratorias múltiples: en Tonalá, Pijijiapan y Escuintla. Esos mismos días, aquí en Tapachula, agentes migratorios comenzaron a vender estas formas. Damos detalles precisos en esta denuncia y pedimos que el Agente de la Fiscalía General de la República investigue el Sistema Electrónico de Trámites Migratorios (SETRAM). ¿Cuántas formas migratorias se entregaron en esos tres eventos? Si se entregaron más de tres mil, las nacionalidades coinciden, pues en Tapachula se vendieron a ucranianos, rusos, chinos y afganos”, declaró el activista.
El «Cártel de Migración» cobra hasta 60 mil pesos por un formato
En su denuncia, García Villagrán solicita a la FGR que investigue en el órgano de control y el registro de trámites migratorios las nacionalidades de los documentos entregados en las caravanas, ya que fueron entregados con el fin de disolverlas. Sin embargo, como ya ha sido denunciado, es en Tapachula donde se desarrollan negocios a gran escala, todo con la complicidad e involucramiento de elementos del INM. Incluso se han publicado fotos de sus redes sociales en las que presumen de un estilo de vida que no concuerda con su oficio.
El activista, que ha sido perseguido por defender los derechos de los migrantes, enfatizó: «Así de simple, están aprovechando a los migrantes pobres. ¿Por qué les dieron las formas y siguieron caminando? Porque no tienen dinero. El INM, como un cartel, se aprovecha de estos eventos (de las caravanas) para lucrar con los más pobres y aún así nos señalan a nosotros como traficantes de personas. Ellos son los verdaderos traficantes. Tienen aterrorizados no solo a migrantes, sino también a defensores de derechos humanos y periodistas. Nos están vigilando de manera escrupulosa.»
Empezaron a vender esas formas migratorias en 60 mil pesos (3 mil dólares), pero llegaron a rebajarlas hasta 5 mil pesos (250 dólares) debido a que intentan despresurizar Tapachula y no encuentran la manera de sacar a la gente de allí.
Hay un sesgo en la justicia, en los hoteles de lujo nadie revisa
La migración también ha alterado el costo de rentas y ha dejado grandes dividendos por la ocupación hotelera. Sin embargo, García Villagrán asegura que “hay un sesgo en la ley, por eso mencioné que hay un conflicto de interés. Van a los hospedajes y a las casas donde la gente paga 200 o 300 pesos por migrante que duerme en un cuartito, mientras que en los hoteles del centro, como el The One, el Holiday Inn, el San Francisco y el Fénix, no llegan. ¿Por qué? Porque en esos lugares las patrullas se ven cobrando su ‘moche’. Ahí están los migrantes ricos, los europeos, los rusos, los ucranianos, los georgianos, los chinos que tienen dinero. Pedimos que la ley no tenga límites y que sea clara y transparente.»
Ante un grupo de periodistas, Villagrán declaró: “Hemos señalado la corrupción dentro del Instituto Nacional de Migración y aquí están algunas pruebas. Este es el inicio de la carpeta de investigación contra el Cártel de Migración, reconocido por la Fiscalía Especializada en Delitos de la Delincuencia Organizada (FEMDO), que por alguna razón no tuvo buen fin. Esto ha provocado una crisis en los derechos humanos, una crisis humana, pero también una crisis de derechos humanos donde los defensores que no nos involucramos en el crimen, somos señalados como traficantes de personas. Hoy vinimos a exponer exactamente lo que está pasando ante la Fiscalía General de la República, donde damos datos concretos y pedimos que cese el hostigamiento en contra de nosotros.»
El activista también presentó pruebas de un presunto enriquecimiento ilícito de algunos agentes del INM, así como amenazas contra su persona:
“Ésta es una foto, una captura de pantalla de mi teléfono, que me llegó de un documento de la sala penal federal. Estos videos sólo los pueden tener tres personas: yo, que no los tengo; el juez de la causa, que no los tiene; y el agente del ministerio público federal. Esta es una amenaza velada en mi contra para decirme que no siga acompañando a los migrantes, porque podrían meterme a la cárcel.»
Crisis humanitaria, crisis de derechos humanos
En su denuncia pública, Luis Villagrán concluye que no se están respetando las libertades ni los derechos humanos:
“Estoy pidiendo a ambas fiscalías, al Estado mexicano en su conjunto, que respete los derechos humanos, el derecho a disentir, a pensar diferente, y que no seamos nosotros, los defensores de derechos humanos, los enemigos del Estado mexicano por señalar que algunas instituciones aún están llenas de corrupción, y que hay intereses de conflicto con transportistas, hoteleros y empresarios en el mal manejo de los migrantes, especialmente los migrantes pobres.”
Tras solicitar a los fiscales de la FGR y la FGE que actúen, Villagrán también pidió respeto a los derechos de los defensores y migrantes: a José Luis Llaven Abarca y al Fiscal Alejandro Vila Chávez, que se pongan de acuerdo y actúen, pero siempre dentro del marco irrestricto de la defensa de los derechos humanos.
“Estamos advirtiendo, y sobre todo a través de los medios, porque con nosotros la justicia ha sido sesgada. La aplicación de la ley siempre se ha dado en nuestra contra, nunca a nuestro favor.”