Los especialistas no se contraponen a cambios y ajustes en las instituciones que conforman el PJ, pero se niegan a aceptar la elección por voto popular
“En ningún lugar del mundo los jueces, magistrados y ministros son electos a través del voto popular”, fue la primer aseveración que hizo Arturo Pueblita Fernández, presidente del Colegio de Abogados, para tener una comparación del cambio que se busca implementar en el Poder Judicial (PJ) de México.
En entrevistas separadas para Infobae México, Pueblita Fernández y Domingo Ruiz López, presidente de la Comisión Fiscal de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) coincidieron en varios puntos que preocupan sobre el llamado Plan C:
- Primero, para ellos, la apertura al diálogo y la invitación a especialistas, organizaciones, universidades y organismos no garantiza nada si “anticipadamente se dice que no va haber escucha” por las partes que impulsan el proyecto.
El mandatario federal López Obrador afirmó que la reforma es irreductible, que el pilar de su proyecto -elegir a los jueces por elección popular- se mantendrá, pese al anuncio que hizo Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidenta electa, sobre la apertura al diálogo y a un parlamento abierto para organismos, universidades y especialistas.
La próxima presidenta habría llegado a este acuerdo sobre realizar foros para analizar la propuesta. Incluso legisladores de la Comisión permanente del Congreso declararon que será la próxima semana cuando inicien los foros, pero se les anticipa a los participantes que no podría haber modificaciones.
En este contexto, Arturo Pueblita considera que el Parlamento abierto es una pantomima para confirmar que escucharon, pero que la decisión podría ya estar tomada.
“Nos dicen también un Parlamento abierto, un Parlamento abierto que pretende realizarlo con diputados y senadores que ya están en receso que ya no están en sus funciones que ya están nada más la Comisión Permanente y lo más importante se estaría diciendo que es una simulación porque nos estarían diciendo que hay un un Parlamento abierto, pero abierto con legisladores que no son los que van a tomar la decisión que no son los que van a votar por una reforma constitucional, estaríamos hablando con una legislatura diferente eso es una absoluta simulación de diálogo”, aseguró.
A la par, el abogado Domingo Ruiz cree en el importante papel que juega el diálogo, el debate y los consensos, para tratar cualquier reforma, incluida aquella que propone una cambio radical en el PJ, pero si quienes impulsan esta reforma ya se han plantado en que no se mueve el tema de discusión entonces queda “vacío” el trasfondo de los foros, en los que se pide participe la sociedad, pero no se escucha.
“Si se convoca a un biólogo y un consenso en donde anticipadamente se dice que no va a haber escucha, pues me parece que queda vacío de contenido del tema de los Parlamentos abiertos; ya precisamente desdibujado y desgastado por eso, porque es que la sociedad participe, pero que no se escucha”, dijo en entrevista.
- Segundo, los señalamientos del presidente López Obrador en las Mañaneras contra los jueces, magistrados y ministros del PJ orillan a que las personas tomen una decisión manipulada, ya que ha generalizado los ataques cuando se trata de “casos aislados”.
Sheinbaum Pardo aseguró que se realizará una encuesta de una muestra representativa a nivel nacional para conocer si están de acuerdo con que se realice la reforma, aunque no tendría valor jurídico, es posible que la ciudadanía tome una decisión manipulada, derivado a los comentarios generalizados de López Obrador contra el PJ.
“Yo creo que esas generalizaciones (que hace el presidente) son las que confunden y el punto es ese si hablan una mayorías y esas mayoría influenciadas por un mensaje van a tomar una decisión que es absolutamente manipulable esa decisión”, aseguró el abogado Domingo Ruiz.
“Esa encuesta no tiene ningún tipo de validez porque le va a organizar un partido político no tiene ningún valor, existe la posibilidad de plantear encuestas oficiales que tendrían las preguntas que ser valoradas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y aprobadas por su constitucionalidad y después tendría que ser realizadas por el Instituto Nacional Electoral”, precisó el abogado Arturo Pueblita sobre la encuesta que parece estar en marcha.
Asimismo, Pueblita alertó sobre la posibilidad de que los dichos por el presidente López Obrador sean tomados por la defensa de personas sentenciadas, bajo el argumento de que hay interés detrás de los jueces, que están controlados o que son corruptos.
“Aquellas personas podrían señalar que: ante la existencia de un tribunal que dejó de ser independiente se incumplen con disposiciones del pacto de San José, buenos pues en ese caso van a venir situaciones en donde van a solicitar reposiciones de procedimiento, se van a iniciar incidentes de nulidad de juicio concluido”, advirtió.
- Tercero, consideran que hay un riesgo latente a que los jueces pierdan su independencia desde ahora, por los intereses que puede haber detrás de una postulación lícitos o ilícitos -tal como ha sido criticado por años por los candidatos a un gubernatura o una presidencia-.
El pilar de la reforma es que sea mediante elección popular que se escojan a los jueces, ministros y magistrados, pero los abogados consideran que podría ‘corromperse’ en la práctica; desde jueces quienes dicten resoluciones con el afán de “hacer puntos” con el gobierno para que lo impulsen como candidatos hasta la inyección de recursos por parte de organizaciones ilícitas.
“El Poder Judicial de la Federación realiza una función técnica y no una función política. Cualquier resolución que se dicte en estos días, en estos meses, en donde puede haber una sentencia que puede afectar a los intereses del gobierno es una resolución que va a estar viciada y va a estar viciada porque los los jueces, magistrados y ministros están bajo mucha presión porque pueden haberse convertido en personas que pierden su independencia judicial porque dicen oye, yo no sé si en un año me van a quitar de mi puesto”, indicó Arturo Pueblita.
En tanto Domingo Ruiz se refirió a que el camino que ha tomado el Plan C les parece inquietante “sobre todo porque el tema de que sea de elección popular las personas juzgadoras creo que abre puertas a otros intereses. Podría llegar a ser juzgador el que tenga más apoyo económico, que tenga más apoyo de organismos de organizaciones, lícitas o ilícitas, lo cual sin duda, pues es altamente preocupante”.
- Cuarto, las personas se quedarían desprotegidas en materia judicial al tener complicaciones para exigir sus derechos al gobierno (salud, educación, seguridad, entre otros servicios). Además, que los inversores desistan o dejen de ver a México como un destino propicio para invertir.
Claudia Sheinbaum dijo que uno de los motivos de los foros era que el pueblo conociera la reforma, cómo se compone el PJ y cuántos juzgadores se distribuyen en las diferentes instituciones. Los abogados entrevistados no discuten lo anterior, sin embargo, la correlación de todos los factores antes enlistados pintan un panorama donde las personas queden desprotegidas.
Ejemplo de ello, Arturo Pueblita imagina el caso de un juez que en lugar de dictar sentencia con base en las pruebas y valoraciones lo haga en relación a la popularidad que le dé castigando a alguien a pesar de que fuera inocente u ofreciendo la libertad a alguien que su pudo haber cometido un delito.
“Estamos poniendo en riesgo también la seguridad de la justicia, de las personas que el día de mañana sean denunciadas injustamente o bajo criterios falsos de la comisión de un delito. Si el juez elegido popularmente considera que es más popular condenar a esa persona lo va a condenar sin valoración de pruebas sin entrar a un análisis de fondo y un tema jurídico si considera que lo popular es dejarlo libre”, compartió.
Por su parte, Domingo Ruiz ofrece la visión -no muy lejana la realidad- sobre que el gobierno no proporcione los servicios básicos a una persona, a un sector en particular o a una comunidad entera, como puede ser el suministro de agua potable, atención médica o la entrega de medicamentos entre otros servicios que por derecho los ciudadanos deben tener y por obligación el gobierno debe proporcionar.
“Imagina una persona que requiera servicios de salud, y no estoy dando un ejemplo muy lejano en la realidad, requiere servicios de salud y las instituciones públicas de salud le digan que no tiene acceso a esos servicios, me refiero a medicamentos, me refiero a vacunas, me refiero a una cama de hospital, y entonces esta persona su único camino sea acudir a los tribunales, acudir a un juez para que un juez le ordene al gobierno que le dé los medicamentos, pero ese juez no va a ser imparcial y ese juez va a obedecer a intereses del grupo político en el poder y va a dejar desprotegida a esa persona así de grave puede ser la cuestión”, puntualizó.
Del mismo modo, los inversores están atentos a cómo avanza esta reforma, cómo la plantea el gobierno saliente y entrante, porque es prioridad que haya certeza jurídica para que se pueda desarrollar cualquier actividad económica.
Para ilustrar sobre lo que se ha venido hablando en la últimas semanas sobre el supuesto pánico de los inversionistas, Domingo Ruiz supuso que en caso de una auditoría arbitrario por parte del SAT por el supuesto de que una empresa debe impuestos, a pesar de no ser verdad, puede ser a través de un tribunal como puede impugnar, pero en caso de que el organismo no sea independiente se verá desasistido el empresario.
“Imaginemos una auditoría arbitraria por parte del SAT, que le diga a una empresa que debe muchos más impuestos de los que realmente puede deber. O una empresa que pagó correctamente sus impuestos que le digan que debe un montón de impuestos y entonces lo que puede hacer un tribunal sobre esa resolución es impugnarla, pero imagina que el tribunal no es independiente y va a obedecer a los intereses del grupo político en el poder, pues ya no va a tener ninguna solución al respecto”, explicó.
Además considera que la reacción en el mercado es emocional y reaccionaron a » la expectativa del nivel de certeza jurídica que puede haber en el país”.
- Quinto, creen pertinente realizar un análisis y cambios al PJ, pero no como el que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora impulsado por el gobierno entrante.
A pesar de presentar puntos en contra del Plan C, en particular que los jueces sean electos por voto popular, los entrevistados coincidieron en la importancia de dialogar al respecto, de analizar y debatir sobre una reforma técnica.
Prueba de ello es que desde hace años el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México realiza un análisis y ha ofrecido propuestas desde las que se podría partir, según Arturo Pueblita.
Incluso dejó entrever su postura a que es posible cambiar de opinión al criticar que el gobierno de López Obrador prometió una reducción en el precio de la gasolina y combatir la inseguridad.
“No tiene que ser un tema de popularidad. ‘Es que eso fue lo que nos comprometimos’; bueno y también se comprometieron a bajar el precio de la gasolina a 10 pesos y no sucedió también iba a ser un país sin corrupción, inseguridad. Aquí lo que tenemos que ponernos y voltear a ver es la importancia que tiene el tener una verdadera seguridad jurídica”, comentó.
Domingo Ruiz fue más cauto y aseguró que el diálogo puede apremiar. Consideró que el reciente proceso electoral dejó en claro que es necesario escucharnos como sociedad y que “no porque un sector piense que tienen la razón sea la forma en que se construye la democracia”.
“Nos tenemos que escuchar todas y todos de forma tal que si la corriente de opinión mayoritaria es que esa es la mejor idea porque transite, pero si la corriente mayoritaria es que hay otras ideas diferentes, pues son las que deben transitar”, aseveró.