Con ocho votos a favor, la Corte determinó que el traslado de la GN al Ejército viola el artículo 21 de la Constitución
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró con ocho votos (mayoría calificada) a favor la inconstitucionalidad de la adscripción de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por lo que se anulará la ley que otorga el control operativo a cargo del Ejército.
La mayoría del Pleno consideró que la modificación legal para trasladar el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a la Secretaría de la Defensa Nacional viola el artículo 21 de la Constitución.
Aún con los votos en contra de las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y el ministro Arturo Zaldívar, el proyecto de la acción de inconstitucionalidad 137/2022 bajo la ponencia del Ministro Juan Luis González Alcantara Carrancá, fue aprobado por el Pleno con ocho votos.
Este 18 de abril, el Pleno del máximo tribunal reanudó la discusión de la acción de inconstitucionalidad con la que legisladores de oposición impugnaron el traslado operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Sedena, bajo el mando del General Luis Cresencio Sandoval.
La Corte determinó que la integración de la Guardia Nacional al Ejército viola el artículo 21 de la Constitución. REUTERS/Edgard GarridoAl explicar el sentido de su voto, la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, recordó el carácter civil que debe regir a la Guardia Civil, el cual está enmarcado en el artículo 21 Constitucional.
La magistrada Margarita Ríos Farjat hizo un reconocimiento a la participación y apoyo de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública, pero expresó que la Constitución es clara al señalar que la dirección de la GN debe ser bajo un mando civil.
Ríos Farjat mostró su confianza en que las Fuerzas Armadas y la GN podrán mantener una coordinación en materia de seguridad.
En ese sentido, Alberto Pérez Dayán señaló que era evidente la inconstitucionalidad de la reforma y señaló que el traslado de un cuerpo de seguridad pública al Ejército es igualmente inválido como llevar a la Guardia Nacional a otra Secretaría, “como Cultura o Bienestar”.
Norma Lucía Piña Hernández ministra presidenta de la Corte condujo la sesión en la que se declaró inconstitucional una de las reformas del gobierno federal. FOTO: SCJN/CUARTOSCURO COMPérez Dayán abundó que “las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil. Las iniciativas, los trabajos preparatorios, los dictámenes de comisión, la discusión del Poder Reformador de 2019 no me dejan a lugar a duda que en la interpretación de estos textos, su vocación es absolutamente clara, discutible, desde su comienzo hasta su conclusión de manera que lectura no me permite llegar a que se trata de gustos, sino que es el orden jurídico mismo”.
En cuanto a los tres ministros que defendieron la reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena, Arturo Zaldívar señaló que el nuevo cuerpo de seguridad no perdería su carácter civil por integrarse al cuerpo militar.
“Se mantiene el carácter, la naturaleza civil y se mantiene la adscripción a la SSyPC”, justificó Zaldívar al votar en contra del proyecto para declarar inconstitucional la reforma de 2022.
Al explicar su voto, Jorge Mario Pardo Rebolledo indicó que al crear a la Guardia Nacional, el Congreso no señaló el carácter militar de esta institución, sino civil.
El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá fue el ponente del proyecto en el que consideró que la Guardia Civil perdió su carácter civil al pasar a un mando militar. Foto: CuartoscuroPor ello, advirtió que con los nuevos cambios en el Legislativo, la GN en realidad quedó bajo la Sedena en lo operativo y en lo material, y no en la Secretaría de Seguridad, como se pensó en su creación.
Este mismo martes por la mañana, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, mandó un mensaje a la Suprema Corte para que los ministros no invalidaran una de sus grandes reformas sexenales en materia de seguridad pública.
“Entonces, de manera responsable… Porque a mí me falta un año cinco meses y de una u otra forma pues ya nosotros cumpliríamos, pero ¿qué pasaría hacia adelante?”, dijo el presidente López Obrador.