- Genera incertidumbre en empresas e inversionistas la publicación indebida de información sobre contratos y datos personales por parte de una autoridad obligada a su resguardo.
- Desde Coparmex hacemos un llamado a todas las autoridades de los tres órdenes de gobierno a cumplir con la normatividad de protección de datos personales y transparencia
La Constitución, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) y la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO) establecen la obligación de los entes públicos de limitarse a usar la información bajo su posesión, incluyendo aquella que constituya datos personales por
estar vinculada a una persona física, para fines lícitos; es decir, para fines que estén permitidos y autorizados en las
leyes aplicables, por lo que su uso y/o divulgación no autorizada implica un actuar ilegal de la autoridad que se traduce
en una violación flagrante del derecho humano de protección de datos personales de las personas titulares de dicha información.
Por ello, desde la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, hacemos pública nuestra preocupación por la publicación que hizo el Ejecutivo federal de datos de empresas e información personal de ciudadanos referentes a contratos privados que se encuentran protegidos por diversas leyes vigentes, incluyendo la normatividad de protección
de datos personales.
El artículo 113 de la LFTAIP indica que se considera como información confidencial aquella que: a) contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; b) Los secretos bancarios, fiduciario,
industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho
internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y c) aquella que presenten
los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las
leyes o los tratados internacionales.
Por su parte, la LGPDPPSO establece que el tratamiento de datos personales por parte del responsable deberá
sujetarse a las facultades o atribuciones que la normatividad aplicable le confiera y guardar absoluta confidencialidad
de los datos bajo su posesión, en aras de garantizar el derecho humano a la protección de datos personales de la ciudadanía.
El derecho humano a la confidencialidad de los datos personales es un triunfo de la ciudadanía en todo el mundo para
evitar que se repitan historias del pasado en las que esta información fue usada para atacar a quienes se consideraban adversarios, al ponerlos en un estado de indefensión.
La violación a estas disposiciones legales afecta también a las empresas, pues mina la confianza en las inversiones
ya que revela que la autoridad puede, en cualquier momento, transgredir, de manera injustificada e ilegal, los derechos humanos pilares del Estado de Derecho y, como consecuencia, la confianza en que las leyes de nuestro país serán respetadas a cabalidad. Esas acciones pueden afectar significativamente la percepción internacional e incidir
negativamente en el desarrollo económico y social de nuestra nación y de las familias mexicanas.
Además, debe tenerse en cuenta que, al darse a conocer información de carácter fiscal, se pone en entredicho la
actuación de las autoridades hacendarias quienes son las responsables legales de resguardar los datos de los contribuyentes y proteger esta información de acuerdo con la normatividad citada.
En Coparmex somos defensores de la Constitución, los tratados internacionales suscritos por México, las leyes y de
las instituciones encargadas de garantizar los derechos de los ciudadanos. Por eso, hacemos un respetuoso llamado
a las autoridades federales, estatales y municipales, a respetar las leyes, normas y procedimientos aplicables con
respecto a la confidencialidad de la información y protección de datos personales en su posesión.