- Por primera vez en 167 años, una reforma de amparo restringe los derechos ciudadanos, rompiendo la protección histórica contra abusos del poder público.
- -La iniciativa de Morena elimina el derecho de impugnar reformas constitucionales mediante el Juicio de Amparo, debilitando el Estado de Derecho.
- -La retroactividad incluida en la reforma genera incertidumbre jurídica, viola el principio de no retroactividad y desalinea la inversión.
Una amenaza directa al equilibrio de poderes y los derechos ciudadanos surge con la reforma que recientemente aprobó el Senado de la República. Esta iniciativa otorga al Poder Legislativo la facultad de modificar la Constitución sin que ninguna instancia judicial pueda revisar la constitucionalidad de sus propuestas. En la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) nos preocupa este cambio que pone en riesgo las garantías fundamentales que han protegido a los ciudadanos durante décadas.
Desde nuestra fundación, hemos sido firmes defensores del Estado de Derecho y de la protección de las garantías individuales. El Juicio de Amparo, que ha sido durante más de 160 años un baluarte de la justicia en México, está siendo debilitado. La iniciativa promovida por el grupo parlamentario mayoritario en el Senado elimina la posibilidad de impugnar reformas constitucionales mediante este mecanismo, lo que abre la puerta a decisiones del Congreso sin control judicial, debilitando así el sistema de contrapesos.
Dicha reforma no solo es angustiante por la restricción de los derechos de los ciudadanos a defenderse ante posibles abusos de poder, sino también por su carácter retroactivo. Asimismo, plantea que decisiones previas de la Suprema Corte sobre la inconstitucionalidad de reformas queden sin efecto, lo cual viola el principio de no retroactividad consagrado en nuestra Constitución y genera una grave incertidumbre jurídica que afecta la confianza en el país, tanto de los ciudadanos como de los inversionistas.
La seguridad jurídica es un pilar fundamental para el desarrollo económico y social. Empresas nacionales e internacionales requieren un entorno estable y predecible para operar y generar empleo. Al eliminar la posibilidad de que el Poder Judicial revise las decisiones del Congreso, se incrementa el riesgo de arbitrariedades y se deteriora la confianza en nuestras instituciones, con efectos negativos para la protección de los derechos ciudadanos y crecimiento del país.
Nos inquieta especialmente la rapidez y las omisiones con la que esta iniciativa ha sido promovida y aprobada en el Senado, sin el necesario consenso de los diversos sectores de la sociedad. Un cambio de tal magnitud en el marco constitucional requiere un análisis profundo y un debate amplio que considere consecuencias a largo plazo. No podemos permitir que decisiones tan cruciales se tomen de forma apresurada y sin la adecuada deliberación y consenso social. No es suficiente con mencionar el “apoyo popular” obtenido en las urnas, ya que ese respaldo no se refleja del todo en el Congreso y las voces de las minorías no están siendo consideradas.
Hacemos un llamado urgente a los legisladores de la Cámara de Diputados para que actúen con responsabilidad y reconsideren esta reforma. Es imprescindible que el Poder Legislativo escuche las voces de la sociedad, evalúe con detenimiento las implicaciones de este cambio para el desarrollo inclusivo del país y garantice que cualquier modificación a nuestra Constitución respete los principios fundamentales de protección a los derechos humanos y fortalezca, en lugar de debilitar, el marco institucional. que ha sostenido la estabilidad democrática del país.
El Juicio de Amparo ha sido la última barrera contra los abusos del poder y debe seguir siendo un recurso accesible para todos los ciudadanos. Su eliminación como medio de control judicial no solo afecta los derechos individuales, sino que también pone en riesgo la confianza en las instituciones y, en última instancia, en la democracia misma.
En COPARMEX, reafirmamos nuestro compromiso con la defensa del Estado Democrático y de Derecho, la protección de los derechos humanos y el desarrollo de un México más justo y próspero, donde las instituciones funcionen en beneficio de todos los ciudadanos.