En Murcia, España, tras un juicio de diez años fueron suspendidas las penas de cárcel para los empresarios que pagaron por sexo con niñas de 14 años.
La Audiencia de Murcia, España, suspendió las penas de cárcel a los empresarios que pagaron por sexo con menores en 2014.
Por Raquel Ejerique
“Ahí delante, en ese edificio alto, paró un coche y subieron a mi hija con 14 años. Se la llevaron a un chalet para dársela al empresario Juan Castejón Ardid”. Juana (no es su verdadero nombre) no puede entender cómo no van a entrar en prisión los empresarios que explotaron sexualmente a su hija y a diez menores más en 2014. Aquel fatídico día, al volver a casa, la hija de Juana se metió en su habitación llorando y no quiso salir en los siguientes ocho meses. Nada, nunca, volvió a ser igual. “Si lo encerraban a ése, yo descansaba”.
De momento, la Audiencia de Murcia ha decidido no encerrar a Juan Castrejón Ardid, quien era vicepresidente de la patronal de Cartagena, COEC, cuando sucedieron los hechos, cuando él tenía 64 años, como tampoco encerrarán a los otros seis condenados por el delito tipificado de prostitución de menores. Sí han entrado en prisión dos proxenetas (las llamadas ‘mamis’) y un cooperador (conductor de coche), mientras que otros tres miembros de la red de captación y negocio han quedado libres.
Entre los métodos que usaban para explotar a las niñas y ganar dinero con ellas, las engañaban diciendo que iban a ganar dinero por tomar café con un señor mayor o darle un masaje en la espalda. Algunas consiguieron huir, como relata el escrito de acusación de la Fiscalía: “Quedaron a tomar café en casa de la proxeneta con un señor de unos 60 años, que resultó ser el acusado, pero cuando éste le dio un beso, a fin de empezar a ganarse a la menor acercándose en exceso a ella con la finalidad de poder tener un mayor acceso sexual, a ella le dio asco y miedo y se fue corriendo”.
Todo eso va a tener un castigo, pero proporcionalmente menor a lo que les hicieron, por un cúmulo de errores y decisiones tan jurídicamente legales como socialmente incomprensibles.
Las once niñas fueron rescatadas en 2014 por la Policía Nacional. Como revelan las crónicas de ese momento, había implicados también un guardia civil y un bufete de abogados cercano a la céntrica y costosa Plaza de las Flores. Y ahí se apagó la historia. Las familias no se unieron, las organizaciones no se movilizaron. La sociedad era otra y la mayoría de las chicas se encerraron en casa e intentaron olvidar cómo habían sido parte de una trama que reclutaba y servía niñas a un grupo de hombres que tenían algo en común: eran personas con dinero, profesionales liberales y de cierta importancia en Murcia, no solo empresarios. Eran una clase social.
Ellas desaparecieron y el tema se trató como un suceso, no como una violencia sexual que no se podía volver a repetir y que afectaba a todas las mujeres. Ellos siguieron con sus vidas y sus negocios y sus bufetes sin que se les impusiera ninguna medida hasta el juicio. La única consecuencia que tuvo que sexagenarios pagaran por sexo a niñas de 14 años es que Juan Castejón, además presidente de la patronal murciana, fuera obligado a dimitir de ese cargo cuando saltó el escándalo policial hace una década. A día de hoy, en Murcia no se sabe cuál es el despacho de abogados, qué cara tienen la mayoría de condenados o quién es el que tenía un laboratorio (alias El Médico). Todos acudieron con gorras y mascarillas al juzgado, a excepción de Castejón (alias El Petrolero para la trama) y otro empresario, Juan Peque.
Tan legal como incomprensible
El juicio ha tardado 10 años, lo que ha beneficiado a la trama porque la “dilación indebida” obliga a rebajar penas. Entre los motivos de los retrasos, además de un cambio de magistrado, está la precaria situación de la justicia y una avalancha de casos por resolver en Murcia: hay más de 190.000 causas pendientes pese a la petición de ayuda de los juzgados, lo que empuja las vistas hacia adelante en los calendarios, algo que está en el origen de muchas rebajas de penas, pero sobre lo que no se ha anunciado ninguna medida. Esta misma semana se ha conocido que el expresidente Ramón Luis Valcárcel será juzgado en 2027 por un caso de corrupción en una desaladora cometido hace veinte años, ya que no se ha encontrado fecha antes.
Además, la Fiscalía de Murcia llegó en septiembre a un acuerdo con los acusados sin contar con las menores, que no tuvieron su propio abogado en su momento pensando que ya estaban cubiertas con el ministerio fiscal –se les informó por imperativo, otra cosa es cómo– y la jueza ha decidido que solo 3 de 13 condenados vayan finalmente a pisar una prisión al entender que están vinculados a la sociedad, integrados, que han abonado las reparaciones o tienen problemas de salud. Todo tan legal como injusto para una sociedad 10 años más consciente de la violencia sexual y el tratamiento que se debe dar a las víctimas.
De hecho, la decisión ha indignado a una parte de la ciudad que se ha constituido como una pequeña aldea gala y rebelde y que ha cristalizado en cuatro manifestaciones a las puertas del Palacio de la Justicia. “Esto es un grano de pus que tiene que explotar”, dice Gloria Alarcón, impulsora de las protestas y de la Asamblea Feminista, mientras toma un café en la histórica plaza de Teatro Romea. Había un centenar de personas, pero eso en Murcia puede ser considerado un éxito: “Aquí la gente con el sol, la cerveza y la marinera –una tapa de ensaladilla y anchoa típica– se queda bien. No piensan que algo pueda cambiar, no hay movilización, salvo en temas agrarios o de agua”.
Esta “resistencia” se ha colado en la sala de juicios y ha molestado tanto a los abogados defensores como a la jueza del tribunal. El letrado del empresario Castejón apuntó su malestar por el “tsunami social, el populismo punitivo” que, según él, estaba interfiriendo en el caso. La magistrada y ponente de la sentencia llegó a decir en sala que cuatro de las víctimas habían pedido que los acusados entraran en prisión “no nos cabe ninguna duda que presionadas por ese mismo movimiento social”, al que acusó de haber “revictimizado” a las chicas. Eso después de darles un beso y pedirles perdón en nombre de la justicia en la misma sala.
Murcia se divide entre los que no se han enterado de qué ha pasado–como un grupo de jóvenes bailarines a las puertas del Conservatorio de Danza–, los que confiesan sentir vergüenza mientras toman un café –como un grupo de jubilados que queda en una terraza de la céntrica calle Trapería– y los que aún tienen rabia e indignación. “Si los que las prostituían hubieran sido extranjeros, la gente estaría ya preparando la hoguera para meterlos dentro, pero como son hombres blancos de aquí, pues no pasa nada”, opina Rocío, que estudia un máster de Profesorado en el campus universitario de Espinardo. Cerca, un grupo de universitarios de Veterinaria: hay tres mujeres indignadas y siete estudiantes que no tenían ni idea de lo que había sucedido, “ni por redes ni nada”. Gonzalo no solo lo sabe, sino que fue a las manifestaciones ante el Palacio de Justicia de Murcia: “Fue increíble porque mientras estábamos allí protestando por algo tan grave, se oía que tiraban cohetes porque había una feria”.
La prensa regional ya no lleva el caso en portada
Hoy no queda rastro de esas protestas. Las dos pancartas que ondeaban en las vallas que dan al río Segura han sido descolgadas. El trasiego de funcionarios ocupa la calzada donde se celebraban las manifestaciones. La misma acera que Juana, la madre de una de las menores, pisó hace cuatro días de incógnito: “Estos días tengo ansiedad e ir a las protestas fue lo único que me animó. Recuerdo que había una persona que llevaba una pancarta en la que se podía leer ‘Es mi hija’. Ahí me derrumbé y me puse a llorar”.
Murcia ha vuelto a los cohetes y a la marinera, después de ser protagonista de los informativos locales y, sobre todo, nacionales. En el quiosco de la luminosa Plaza de Santo Domingo se exhiben los periódicos regionales decanos sin rastro en portada de las proxenetas y los empresarios que pagaban por niñas engañadas y engatusadas en discotecas light y en colegios públicos y concertados.
En uno de ellos, donde estudiaban al menos dos de las víctimas de la trama, hay trasiego de chavales el jueves por la tarde. Una monja sale apresurada. Chicas con mochila hablando despreocupadas sin saber que hace diez años, tras esos tabiques de piedra histórica, varias menores cayeron en una red que prometía dinero a cambio de supuestas charlas con señores mayores y que fueron bautizadas por los traficantes como “las niñas”, tal cual consta en el escrito de la Fiscalía.
La misma Fiscalía que pactó el pasado 11 de septiembre con los acusados, tras ser evidente que la dilación indebida del juicio iba a reducirles ya bastante las penas. El pacto lo firmó una fiscal que luego no ha seguido con el proceso y se ha impuesto el silencio sobre por qué se tomó esa decisión, que es legal pero controvertida. El malestar por esa decisión ha llegado a altos despachos del ministerio público en Madrid.
En las conformidades no hace falta involucrar a la víctima, “la pregunta es si este tipo de delitos pueden tener conformidad”, explica Gloria Alarcón, que es jurista y se pregunta si es casual que “la fiscal y la jueza a las que se ha repartido este caso sean mujeres, con las pocas que hay en Murcia”. Ahora ha habido un cambio de fiscal, que se ha mostrado contrario a que el empresario Castejón no entrara en prisión, pese a lo firmado anteriormente, y va a recurrir la puesta en libertad de otro de los cooperadores. El movimiento feminista espera a esas últimas decisiones para chequear si la movilización ha valido para algo, “si un error no va a llevar a otro error como pasó con La Manada de Pamplona y esperemos que no pase con La Manada de empresarios”, concluye Alarcón.
Como Pelicot, pero al revés
“Que la vergüenza cambie de bando”, se veía en algunas pancartas en las protestas hace unas semanas. Al contrario que en el caso Pelicot que hizo popular la frase, la vergüenza no ha cambiado de bando y la trama ha vivido ajena a todo el trauma que ha causado. Después de diez años, las jóvenes quieren seguir en el anonimato, muchas desean cerrar el capítulo y olvidarse. De hecho, cinco de ellas dijeron a la jueza que preferían que los acusados no entraran en prisión en la vistilla en la que se les informó del acuerdo. Cuatro dijeron que entraran. Las otras dos lo dejaron a decisión del tribunal. Los empresarios han seguido con sus negocios y, pese a que son culpables y todo ha quedado acreditado, tendrán que pagar multas ridículas por el horror que causaron, de entre 500 a 2.000 euros a cada chica.
El debate público se ha dirigido también al sesgo por género o nacionalidad, ya que las ‘mamis’ y el taxista que sí irán a la cárcel son de origen extranjero. Hay que tener en cuenta que las penas que enfrentaban tanto las ‘madames’ como los cooperadores necesarios eran mayores que las de los clientes, al margen de los recursos económicos desiguales para hacer frente a los abogados y de los sesgos que pueda tener la justicia y la sociedad. Se pedían entre 21 y 56 años de prisión en el caso de las proxenetas y entre 6 y 36 años para los cooperadores. En el caso de los empresarios que reclamaban niñas se pedían penas menores, de entre 4 y 24 años.
En el escrito acusación se relatan las prácticas mafiosas y extorsionadoras de estas proxenetas. Por ejemplo, cuando una de ellas llamó a una chica que se ofrecía para cuidar niños “para conocerla y quedar con ella, ofreciéndole trabajo para dar masajes con final feliz, a lo que ella dijo en principio que no, diciéndole que tenía sólo 15 años y era virgen, insistiéndole la acusada en que eso no era problema, que trabajaban para ella niñas con 14 y 15 años y no pasaba nada, llamándola con obstinación, hasta que accedió”.
Alerta en los institutos
Con las gafas de la actualidad y los estándares de hoy en el tratamiento de violencia sexual ha habido un evidente fallo judicial multiorgánico. Pero también se ha disparado una alerta para los institutos de la Región. ¿Puede volver a pasar? ¿Tienen buena educación sexual los jóvenes? ¿Va a cambiar algo? Ana Mellado, secretaria de Igualdad de CCOO, trae hasta la plaza Julián Romea un papel con datos oficiales de Educación. “Te pongo de ejemplo. El curso Eso no es sexo para prevenir la violencia sexual sobre menores se hizo en el 9% de los centros de la Región pese a que era un compromiso. Aquí hay un poso de catolicismo y de estos temas no se habla, pese a que es una oportunidad para mejorar la conciencia y reducir el riesgo de captación en los institutos”.
Murcia, además, tiene implantado el pin parental, una cesión del PP para obtener el apoyo de Vox, lo que permite a los padres decidir si sus hijos asisten o no a talleres de sexualidad. Preguntada la Consejería de Educación si este caso va a suponer un punto y aparte o se va a reforzar la educación sexual, fuentes oficiales responden sin más a elDiario.es que son los centros los que “tienen autonomía para programar lo que consideren más adecuado”.
Ha pasado una semana del “tsunami” y en una parte de la ciudad aún incomoda hablar del “asunto de los empresarios” porque, al contrario que hace una década, hoy ese asunto ha ido acompañado por la banda sonora de una sociedad indignada que ha sacado a la calle un espejo en el que mirarse. No va de once chicas con mala suerte como en 2014. En 2024 va de todas y de qué hemos hecho. Empieza el fin de semana, el primero sin manifestaciones y sin cámaras de televisión por todos sitios. Al lado de la catedral de Murcia, ahora en obras, la gente aprovecha una mañana fresca de sol. Una pareja de unos 60 años se toma una cerveza. “Ah sí, los empresarios, lo he oído, pero no te puedo decir mucho porque tampoco lo conozco”. Asoma un rictus de vergüenza. Es poco, pero es algo. Acto seguido les traen la marinera que habían pedido.