La violencia de género; la desaparición de personas y la falta de seguridad para las mujeres buscadoras; los riesgos que enfrentan las personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente; la ampliación de la prisión preventiva oficiosa; la elección de jueces y magistrados federales por elección popular, incluyendo la incorporación de la figura de “jueces sin rostro”, así como la eliminación del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI).
En su carta Amnistía Internacional solicita a la Presidenta electa Claudia Sheinbaum una reunión y expresa su disposición a contribuir con propuestas para la garantía y vigencia de los derechos humanos en el país.
Dra. Claudia Sheinbaum Pardo
Presidenta Electa de los Estados Unidos Mexicanos
Reciba un cordial saludo de Amnistía Internacional. Somos un movimiento global de más de 10 millones de personas alrededor del mundo que tiene como objetivo principal promover y defender los derechos humanos de todas las personas a través de una de las herramientas más poderosas: la solidaridad. Desde 1971 nuestro movimiento tiene presencia en México, en donde trabajamos para contribuir a poner fin a las graves violaciones de derechos humanos que suceden en nuestro país, y en todo el mundo.
México es uno de los países prioritarios para nuestro movimiento dada la profunda crisis de derechos humanos por la que atraviesa. Durante las últimas cinco décadas, Amnistía Internacional ha investigado y acompañado a víctimas de algunas de las más graves violaciones de derechos humanos que han cometido diversas autoridades, entre ellas tortura[1], detenciones arbitrarias[2], desapariciones forzadas[3], violencia contra las mujeres[4], ataques a periodistas[5] y personas defensoras de derechos humanos[6], entre muchas otras.
Nuestra misión como movimiento supone el acompañamiento a las víctimas de violaciones de derechos humanos, así como a colectivas y organizaciones de la sociedad civil con acciones de investigación, incidencia, comunicación, movilización, activismo y educación en derechos humanos, para contribuir a que todas las personas podamos ejercer nuestros derechos todos los días.
Actualmente, en México, hemos centrado nuestro trabajo en tres temas prioritarios: (1) el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, dentro del cual nos concentramos en los feminicidios[7] y los riesgos que viven las mujeres buscadoras; (2) el derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica con énfasis en el derecho a la protesta de las feministas y las personas que defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente[8], y (3) los riesgos para la vigencia y respeto de derechos humanos por la estrategia de militarización de la seguridad pública.
Durante estos 53 años en México, Amnistía Internacional ha mantenido una relación de trabajo constructiva y propositiva con las autoridades de todos los niveles de gobierno, con miras a que nuestro país cuente con un aparato normativo e institucional que permita garantizar a las víctimas de violaciones a derechos humanos acceso efectivo a la verdad, la justicia y la reparación integral del daño, pero, sobre todo, a que como parte ineludible de las garantías de no repetición, todas las personas podamos ejercer a plenitud nuestros derechos humanos.
Saludamos que la población mexicana haya decidido elegirla como la primera mujer que ocupará la Presidencia de la República, lo cual es un precedente histórico en nuestro país. Como usted sabe, llegará a la Presidencia en un contexto en el que las mujeres y cuerpos feminizados hemos venido avanzando en el acceso y reconocimiento de nuestros derechos, incluyendo el acceso a puestos de toma de decisión y el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Desafortunadamente, el contexto actual también se caracteriza por un incremento de distintas expresiones de violencia en nuestra contra, entre las que destacamos la violencia feminicida y las violencias que se ejercen contra las mujeres que buscan a sus familiares desaparecidos. A pesar de todo el andamiaje normativo e institucional con que cuenta nuestro país, el Estado mexicano sigue faltando a su deber de garantizar el derecho que tenemos las mujeres a vivir y a vivir libres de violencia.
Por lo anterior, Amnistía Internacional espera que su llegada a la Presidencia de la República constituya una oportunidad para generar espacios de escucha, diálogo e interlocución que permitan construir una ruta de trabajo que tenga como centro a las víctimas de violaciones de derechos humanos –que se cuentan por cientos de miles en México– y que permita resolver la crisis de derechos humanos que atraviesa el país. En este camino, es prioritaria la participación activa de las víctimas y de las distintas voces de quienes día con día nos dedicamos a la defensa de los derechos humanos.
Los datos sobre violaciones a derechos humanos en el país son alarmantes: en México son asesinadas en promedio 10 mujeres cada día[9]. De estos crímenes, al menos una tercera parte son investigados como feminicidios y la mayoría de ellos quedan impunes. A la fecha, las cifras oficiales contabilizan más de 115,000 personas desaparecidas y no localizadas[10]. Frente a un Estado que no busca, son las propias familias –mayoritariamente las mujeres– quienes se abocan a la tarea de buscar con sus propios recursos y herramientas a sus seres queridos, exponiéndose a numerosos peligros y amenazas incluso contra su propia vida.
Por otro lado, en 2022, fueron asesinadas 31 personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente, lo que sitúa a México en tercer lugar a nivel mundial como uno de los lugares más peligrosos para defender derechos humanos por debajo de Colombia y Brasil[11] Ese año, también fue uno de los más letales para el ejercicio del periodismo al contabilizarse 13 asesinatos de periodistas[12].
Desde Amnistía Internacional hemos manifestado también nuestra preocupación por la estrategia de militarización de la seguridad pública. Los estándares internacionales establecen que el uso de fuerzas armadas para las tareas de seguridad pública debe ser proporcional, temporal, extraordinario y subordinado a corporaciones civiles[13], dados los riesgos de violaciones a derechos humanos que han sido constatados tanto en México como en otros países. Por ello, advertimos la urgencia de un plan que permita el retiro progresivo de las fuerzas armadas de las tareas de seguridad pública, que incluya el fortalecimiento de las corporaciones policiales.
Al respecto, en febrero de 2024 el Ejecutivo envió una serie de propuestas de reformas constitucionales al Congreso para ser discutidas en septiembre de este año. Entre ellas, se propuso el paso del mando de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), situación que sería contraria a los estándares previamente mencionados. Adicionalmente, sobresalen otras tres propuestas por sus riesgos en materia de derechos humanos:
i) La ampliación de la prisión preventiva oficiosa (PPO). Esta reforma iría en contra de las recientes sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que ha ordenado a México que elimine esta figura de sus leyes y Constitución por ser una figura violatoria de los derechos humanos[14].
ii) La elección de jueces y magistrados federales por elección popular, incluyendo la incorporación de la figura de “jueces sin rostro”, que posibilita que se lleven a cabo juicios de delincuencia organizada sin que se conozca la identidad de la persona juzgadora. Estas propuestas irían en contra de la independencia judicial[15], así como en contra del derecho al debido proceso y las garantías judiciales ya que impide ejercer la defensa ante un tribunal independiente e imparcial[16].
iii) La eliminación del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI). Esta propuesta pondría en riesgo la protección de los derechos a la privacidad y al acceso de información pública.
Todas estas preocupaciones las hemos venido documentando en nuestros informes y en la interlocución política que mantenemos con las autoridades. Algunas de estas preocupaciones fueron retomadas por diversos Estados durante el Examen Periódico Universal (EPU), de la que fue objeto México en este año[17]. Esperamos que su gobierno dé seguimiento a las recomendaciones.
Amnistía Internacional reconoce el papel crucial que ha jugado México en organismos multilaterales para la defensa y promoción de los derechos humanos tanto en la región de las Américas como en todo el mundo. Consideramos fundamental que en su gobierno se consoliden los esfuerzos por fortalecer los mecanismos de escrutinio regional y universales, así como la promoción de los más altos estándares de derechos humanos en los países vecinos y en todas las Américas, en protección de las poblaciones tradicionalmente discriminadas y oprimidas incluidas las mujeres, las personas de la diversidad sexual, las personas racializadas no blancas, las personas migrantes, las infancias y juventudes, y las personas con discapacidad, entre otras.
Como en los últimos 53 años, Amnistía Internacional está en la mayor disposición de establecer con las nuevas autoridades un diálogo amplio y constructivo sobre la situación de derechos humanos en México[18]. Por ello, me permito solicitarle una reunión en la que podamos presentarle nuestras más recientes investigaciones y recomendaciones, al tiempo que le expreso la disposición de nuestra organización a participar en todos los espacios de interlocución en que podamos contribuir con propuestas para la garantía y vigencia de los derechos humanos para todas las personas que vivimos en México.
Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y quedo atenta a su respuesta.
Edith Olivares Ferreto
Directora Ejecutiva
Amnistía Internacional, Sección Mexicana