En respuesta a la reforma del Poder Judicial propuesta por el presidente López Obrador, más de 50 mil trabajadores podrían irse a paro indefinido.
El Poder Judicial podría enfrentar un paro indefinido si no se modifican propuestas de reforma, advierte Rosa Elena Alonzo.
La directora del Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal, Rosa Elena Alonzo, anunció que se están ultimando los detalles para un posible paro indefinido por parte de los 55 mil trabajadores del Poder Judicial. Este paro se llevaría a cabo si sus demandas para reformar la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador no son atendidas.
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, sugirió que la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, podría estar detrás de las amenazas de paro. Monreal argumentó que las protestas podrían estar alimentadas por la desinformación sobre la iniciativa presidencial, que, según él, no vulnera los derechos adquiridos de los trabajadores.
En una conferencia de prensa, acompañada por Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado, Alonzo criticó duramente la reforma judicial propuesta. Argumentó que la elección de jueces, magistrados y ministros a través del voto popular abriría la puerta al crimen organizado y resultaría en la pérdida de empleo para diez mil trabajadores de confianza.
Alonzo advirtió que la implementación de la reforma tal como está propuesta podría generar caos en el sistema judicial. Destacó que el proceso de aprendizaje en el Poder Judicial es complejo y que los nuevos integrantes no podrán adquirir rápidamente las competencias necesarias.
A pesar de no especificar su autoridad para hablar en nombre de todos los trabajadores, Alonzo insistió en que el voto popular no es una solución adecuada para la selección de jueces y magistrados, ya que podría llevar a la influencia de grupos no deseables.
Enfatizó que la carrera judicial debe basarse en la “meritocracia” y que la reforma busca socavar la independencia judicial, que es crucial para la imparcialidad en el sistema judicial.
Alonzo señaló que la suspensión de labores sería una medida de último recurso, diseñada para asegurar que la reforma se ajuste a un consenso amplio entre las partes involucradas. Indicó que ya están en marcha preparativos para esta eventualidad y que la comunidad internacional está al tanto de la situación.
En respuesta, Monreal desestimó las preocupaciones expresadas por Alonzo. Afirmó que la iniciativa presidencial no pone en riesgo los derechos de los trabajadores y que no habrá despidos, como lo establece la Constitución. También aseguró que la reforma incluirá mecanismos para prevenir la intervención del crimen organizado en la elección de jueces.
Monreal criticó la postura de Norma Piña, sugiriendo que su falta de diplomacia ha exacerbado las tensiones entre el Poder Judicial y los poderes Legislativo y Ejecutivo. Reiteró su disposición al diálogo para resolver las diferencias, a pesar de tener la mayoría calificada para impulsar la reforma.