La desigualdad hace a México y el resto de América Latina propensos a tener bajos índices de confianza y problemas de coordinación.
A los efectos de la desigualdad en la confianza y la percepción de corrupción, se debe agregar el efecto del mal uso de nuevas tecnologías, que facilitan difundir desinformación que profundiza la desconfianza.
Por Rodolfo Soriano-Núñez
La semana pasada, Los Ángeles Press presentó un análisis detallado de los resultados de las medidas de confianza y percepción de corrupción de tres actores clave en la sociedad mexicana.
Los tres materiales daban cuenta de los resultados de las tres entregas más recientes de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) de 2017, 2021 y 2023 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI.
Los tres actores fueron las así llamadas por la propia encuesta “instituciones religiosas”, “el Ejército y la Marina” y los “jueces y magistrados”. En las tres entregas publicadas la semana pasada se presentan algunos detalles de la metodología seguida por el INEGI, el tamaño de las muestras, así como otros detalles sobre el instrumento como tal, como las preguntas que se hicieron.
En esos tres textos se introdujo una medida derivada de las que presenta ENCIG, que se identificó como de prestigio y que es resultado de restar al total del valor reportado de la confianza en tal o cual actor o institución el total del valor reportado de la percepción de corrupción.
En este texto se presentan los resultados de un ejercicio a partir de esa medida de prestigio, al hacer el mismo cálculo para la mayoría de los actores o instituciones incluidos en las tres ediciones ya citadas de ENCIG.
No es posible incluirlos a todos porque hay actores o instituciones nuevos, como la Guardia Nacional, que no existía en 2017. Otros actores ya existían, pero INEGI no los incluyó en 2017, como en el caso de las así llamadas organizaciones no gubernamentales.
Tampoco se han incluido a las universidades públicas y a los hospitales públicos. Las primeras por razones de espacio y porque se incluye—en cambio—la medida de prestigio de las escuelas de educación básica (primarias y secundarias).
No se han incluido a los gobiernos estatales y los municipales por las dificultades implícitas en la comparación de actores tan diversos (casi dos mil 500 municipios) y porque, en general, lo que se observa es que siguen muy de cerca lo que ocurre con el gobierno nacional, a pesar del alegado federalismo mexicano.
En el caso de los hospitales públicos se estimó que el sector salud estuvo sometido a una presión extraordinaria cuando se levantaron las encuestas de 2021 y 2023, que seguramente afectó la percepción que se tuvo de ellos. Habrá que ver qué se observa en futuras entregas de ENCIG para tratar de encontrar qué es lo “normal” para esas instituciones en México.
En todo caso, para el ejercicio que presenta hoy se presentan mapas con datos de 17 distintos actores o instituciones (los que aparecen en el cuadro 1, inmediatamente después de este párrafo), aunque en una de las gráficas y una de las tablas se incluyen a 19, pues se agregan a los cálculos la información de los gobiernos estatales y municipales.
Cuadro 1. Actores, ámbitos o instituciones considerados en este análisis de ENCIG 2017-23.
Dudas y reparos
La metodología seguida por INEGI no está exenta de posibles dudas. En lo personal, por ejemplo, me parece un tanto confuso que cuando se pregunta por la confianza se hable de las “cámaras de diputados y senadores”, pero cuando se pregunta por la percepción de corrupción sólo se hable de “diputados y senadores”.
A diferencia de lo que ocurre con otros actores en la misma encuesta, que distingue al gobierno federal, de los estatales y los municipales, no hay distinción entre los diputados y senadores del Congreso de la Unión y los de las legislaturas estatales.
En la categoría “los jueces y magistrados” se podrían formular reparos similares. Como se apuntó en el texto dedicado a esos actores, enlazado inmediatamente después de este párrafo, las materias que abordan los jueces y magistrados federales son distintas de las que abordan los jueces y magistrados del fuero común, como ocurre con los legisladores.