El Ejecutivo Federal buscaba retrasar la resolución de la acción de inconstitucionalidad
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la petición que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal hizo respecto al Plan B electoral.
Este 04 de mayo Norma Lucía Piña, presidenta del Poder Judicial de la Federación, realizó una consulta en la que por unanimidad los ministros declararon improcedente la solicitud de presidencia de pausar la resolución de la acción de inconstitucionalidad contra el Plan B.
La petición era no resolver la acción de inconstitucional 29/2023 hasta que no hubiera pronunciamiento sobre una acción previa, presentada en 2018 contra la Ley General de Comunicación Social.
Mediante un comunicado, la SCJN expuso que “en este asunto se impugnaron procedimientos legislativos que son distintos a los controvertidos en 2018, a pesar de que se trate de la misma norma”.
En ese sentido será el próximo lunes 08 de mayo que iniciará el análisis en el que Suprema Corte afirmó que no se emitirán sentencias contradictorias que afecten los principios de seguridad y certeza jurídica.
De esta forma, la SCJN respondió a la solicitud de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal en el que el Gobierno Federal pidió que el poder judicial debería resolver primero la acción de inconstitucionalidad 52/2018 y sus acumuladas 53/2018 y 55/2018.
El argumento del Ejecutivo Federal es que en 2018 la SCJN no concendió la suspensión solicitada en la acción de constitucionalidad antes mencionada por considerar que era una “norma general y abstracta” sin carácter electoral.
El Plan B, que fue aprobado en el Congreso, contempla modificaciones a la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Sin embargo, los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) promovieron un acción de inconstitucionalidad ante el poder judicial.
Sumado a esto el pasado 02 de mayo se publicó en el portal de la Suprema Corte un proyecto de sentencia elaborado por Alberto Pérez Dayán, en el que se propone invalidar el Plan B. En el documento se argumenta en contra de la reforma electoral por violaciones al proceso legislativo en el que fue aprobada.